Diario al Día | Lowell, Estados Unidos — Arvaro Montero Díaz, de 40 años, fue formalmente acusado por un gran jurado federal por presunto fraude en Lowell, Massachusetts, relacionado con programas de asistencia pública.
Según el expediente federal, Montero Díaz usó la identidad de un ciudadano estadounidense para recibir cerca de 30 mil dólares en prestaciones por desempleo bajo la Ley CARES.
Además, las autoridades sostienen que empleó esa misma identidad para obtener aproximadamente 14 mil dólares en beneficios del programa de asistencia alimentaria conocido como SNAP.
Los cargos incluyen dos imputaciones por fraude electrónico, dos por uso indebido de identidad, una por apropiación de fondos públicos y otra vinculada al programa nutricional.
El acusado fue detenido en marzo y luego obtuvo libertad bajo fianza. Su próxima comparecencia ante un tribunal federal de Boston será fijada en una fecha posterior.
Las investigaciones revelaron que Montero Díaz reside en territorio estadounidense desde aproximadamente 2007 sin estatus migratorio regular, según indicaron las autoridades.
El caso de fraude en Lowell fue desarrollado con la participación de varias agencias federales, incluyendo la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura y el Departamento de Trabajo.
También colaboraron en la investigación el área de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.
La fiscal federal Leah B. Foley destacó los esfuerzos del gobierno para detectar irregularidades en programas financiados con recursos públicos en todo el distrito.
El proceso está a cargo del fiscal adjunto John Potapchuk, adscrito a la Unidad de Delitos Graves del distrito federal de Massachusetts.
En caso de condena, los cargos de fraude en Lowell relacionados con el programa SNAP y el fraude electrónico conllevan penas de hasta 20 años de reclusión por cada cargo.
La apropiación indebida de fondos públicos prevé hasta 10 años de prisión, mientras que el uso indebido de identidad establece un período mínimo obligatorio de reclusión.
Foley informó además que Massachusetts creó recientemente un equipo especializado para investigar y procesar casos de fraude en Lowell y en todo el distrito federal.
La iniciativa surgió tras el descubrimiento de múltiples irregularidades vinculadas a programas de asistencia pública, lo que motivó una respuesta institucional coordinada.
Sin embargo, las autoridades recordaron que los hechos descritos constituyen alegaciones. Montero Díaz mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.