Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – El Ministerio Público confirmó que Esmeralda Moronta rechazó ser trasladada a casa de acogida horas antes de ser asesinada por su expareja, un hecho que conmociona al país y plantea interrogantes sobre la protección a víctimas de violencia de género.
El acta de constancia de declaración fue levantada el 13 de mayo de 2026 por la procuradora fiscal Mariana Álvarez, quien documentó que la joven decidió no acudir a casa de acogida pese a los riesgos explícitos que se le explicaron. Esta decisión marcó el inicio de una tragedia anunciada.
Esmeralda, de 33 años y madre de dos hijos, acudió ese miércoles junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género en Santo Domingo Este.
Allí denunció a Omar Tejada Guzmán por acoso, amenazas y rastreo mediante GPS, solicitando una orden de alejamiento.
La denuncia fue presentada a las 2:52 de la tarde, pero minutos después se desató la persecución que quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector.
La joven corrió desesperadamente por la calle Puerto Rico buscando refugio entre vehículos y personas, mientras su agresor la seguía armado.
En un intento por salvar su vida, Esmeralda trató de defenderse golpeándolo con su cartera y buscando protección en un colmado cercano a la fiscalía.
Sin embargo, el agresor logró alcanzarla y le disparó mortalmente antes de quitarse la vida, según informaron las autoridades.
El acta y la decisión de no acudir a casa de acogida han generado un intenso debate social sobre la efectividad del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
Representantes del Ministerio Público explicaron que la asistencia a estas casas no puede imponerse, sino que requiere la voluntad de la víctima.
“Si ella quiere ir a casa de acogida, viene, pone la denuncia y le dice al fiscal que quiere ir, porque eso no se puede obligar”, señalaron fuentes de la unidad de violencia de género, subrayando que el traslado siempre se realiza de forma segura y confidencial junto a la Policía Nacional.
El protocolo establece que las víctimas pueden llevar a sus hijos y pertenencias, garantizando anonimato y protección.
No obstante, el peso emocional y las complejas decisiones personales influyen en muchas mujeres, quienes deben enfrentar miedo, manipulación o dependencia económica.
La hermana de Esmeralda, Ámbar Moronta, recordó que días antes Omar Tejada prometió cambiar y “dejarla tranquila”, una promesa que rompió días después.
Esta situación evidencia la vulnerabilidad de las mujeres ante agresores persistentes y la dificultad de tomar decisiones bajo amenaza.
Tras el crimen, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso anunció la apertura de una investigación para evaluar tanto las circunstancias del feminicidio como la actuación institucional tras la denuncia presentada por la víctima. Se busca determinar si se cumplieron todos los protocolos establecidos.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los desafíos del sistema de protección y la importancia de una atención integral para mujeres que enfrentan violencia.
La decisión de Esmeralda de no acudir a casa de acogida refleja la complejidad de estas situaciones y la necesidad de fortalecer la prevención.
Las casas de acogida tienen como objetivo proteger a mujeres y a sus hijos menores frente a riesgos de violencia, ofreciendo seguridad física, apoyo social, terapias, atención médica y actividades educativas.
Sin embargo, la aceptación depende de la víctima, y su decisión no siempre sigue criterios de seguridad.
El país sigue conmocionado y reflexionando sobre cómo garantizar que más mujeres puedan tomar decisiones seguras frente a situaciones de riesgo extremo.
La historia de Esmeralda Moronta es un recordatorio doloroso de que detrás de cada denuncia existe una vida intentando sobrevivir y proteger a su familia.
Las autoridades recuerdan que la asistencia a casas de acogida puede solicitarse a través de la Línea Vida 212, el Sistema de Emergencias 9-1-1, o el Ministerio de la Mujer al (809) 685-3755, reforzando la disponibilidad de recursos para quienes se encuentran en riesgo.