Diario al Día | Santiago Rodríguez, RD — Un tribunal impuso una condena a 30 años de prisión contra Carlos Juan Rodríguez García, declarado responsable de privar de la vida a una pareja de esposos en 2022.

El fallo, dictado este jueves por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago Rodríguez, también ordena el pago de RD$18 millones en indemnización para los familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27, quienes dejaron de existir tras los hechos.

El suceso ocurrió en junio de 2022, en un establecimiento del municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, mientras la pareja compartía con otras personas.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rodríguez García habría actuado sin motivo aparente y presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

El acta del médico legista estableció que Peralta Barrientos experimentó lesiones de gran magnitud en la región temporoparietal derecha, causa directa de su fallecimiento.

Vargas Villalona, por su parte, falleció a consecuencia de una lesión producida por un impacto de proyectil en la región frontal izquierda, según el mismo informe forense.

Durante el mismo hecho resultaron con lesiones el regidor y empresario del transporte Erlin Alberto Gómez Rodríguez y el cobrador Edward de Jesús Espinal Fernández.

Gómez Rodríguez experimentó lesiones en el abdomen y el antebrazo izquierdo, mientras que Espinal Fernández sufrió una lesión en el brazo izquierdo, ambos sobrevivientes.

Al momento de los hechos, Rodríguez García se desempeñaba como encargado provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en Santiago Rodríguez, cargo designado por el Gobierno.

Era, además, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en esa localidad, condición que le permitió acceder a la posición dentro de la institución estatal.

Las autoridades ocuparon un objeto de fuego presuntamente utilizado en el hecho, además de un vehículo vinculado directamente a la investigación del caso.

Tras su arresto en 2022, Rodríguez García enfrentaba otro proceso separado por presunto porte ilegal de armas, vinculado a un incidente previo en un centro de diversión.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes suspendió de sus funciones al entonces encargado provincial mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

La entonces fiscal del caso, Maura Gómez, indicó que las investigaciones sustentaron con claridad la responsabilidad penal del imputado en los hechos ocurridos.

La condena a 30 años representa la pena máxima contemplada por el Código Penal dominicano para este tipo de casos, según explicaron los abogados querellantes.

La abogada Magdalena Vargas, representante legal de las víctimas, describió el proceso como desgastante y atribuyó la demora a las tácticas del condenado.

«No había forma también de que se le pudiera disminuir la pena… porque el imputado nunca mostró arrepentimiento», declaró Vargas ante los medios.

Rafael Antonio Peralta, padre de una de las víctimas, había solicitado previamente al tribunal imponer la pena máxima permitida por la ley.

«Esperamos la condena que se merece por lo que hizo. La familia entiende que ha esperado demasiado por justicia», expresó Peralta antes del fallo.

Tras conocerse la sentencia, un familiar de mayor edad manifestó su conformidad con la pena, aunque consideró que el daño causado no tiene reparación posible.

«Este merecía 60, pero esa es la ley, la ley es 30 […] Rompió a esta familia de Kendry y de Marielis… estamos rompido», declaró visiblemente afectado.

El abogado César, de la firma que representó a la familia, destacó que el fallo devuelve confianza en el sistema judicial dominicano.

«Hoy se ven los resultados de que se puede confiar en la justicia en la República Dominicana», afirmó el jurista ante las cámaras presentes.

Del monto total de la indemnización, siete millones de pesos corresponden a la hija menor de la pareja, quien tenía dos años al momento del hecho.

Otros cinco millones fueron asignados al otro hijo de las víctimas, mientras que cuatro millones se repartieron entre los padres de los fallecidos.

Los dos millones restantes quedaron destinados a las personas que resultaron con lesiones durante el mismo suceso ocurrido en 2022.

El tribunal estuvo presidido por la jueza Dayanara Y. Peralta, junto a las magistradas Norma Zapata y Risel Peña Morel, quienes firmaron la sentencia final.

Con esta condena a 30 años se cierra un proceso de más de cuatro años que mantuvo en vilo a la comunidad de Santiago Rodríguez. ¿Marcará este fallo un precedente para futuros casos similares en la región?