Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Una auditoría del Seguro Nacional de Salud (Senasa) encontró hombres afiliados que aparecían con consultas de ginecología registradas a su nombre, aunque ellos aseguraron que nunca recibieron esas atenciones.

El hallazgo forma parte de la investigación del Ministerio Público sobre un presunto esquema que habría utilizado información real de asegurados para conseguir autorizaciones y cobrar servicios médicos que no fueron solicitados ni realizados.

El caso adquiere mayor importancia porque no se trataría únicamente de registros extraños. La investigación examina 4,363 autorizaciones por más de RD$41.1 millones, correspondientes a consultas especializadas y cirugías menores.

Hombres aparecían recibiendo consultas ginecológicas

La situación fue detectada durante una auditoría realizada por Senasa al gineco-obstetra Steven Alexander Rabssa Fernández, uno de los profesionales investigados en esta nueva etapa del caso.

De acuerdo con una orden judicial emitida el 15 de septiembre, los auditores encontraron un aumento significativo de autorizaciones relacionadas con ese prestador.

Cuando revisaron una muestra de los historiales, apareció una irregularidad difícil de pasar por alto: afiliados masculinos tenían registradas una o varias consultas especializadas de ginecología.

Senasa contactó posteriormente a esos asegurados y, según el expediente, ellos dijeron que no habían recibido esas atenciones.

La auditoría también habría encontrado servicios facturados que no fueron suministrados y casos en los que una misma prestación aparecía duplicada.

El Ministerio Público investiga si estas situaciones eran parte de un mecanismo organizado y no simples errores administrativos.

¿Cómo habría funcionado el esquema?

Según la investigación, empleados o exempleados de Senasa habrían tenido acceso a información de afiliados.

Esos datos presuntamente eran utilizados junto con profesionales de la salud para completar documentos con diagnósticos, consultas y procedimientos que los pacientes realmente no habían solicitado.

También se investigan firmas presuntamente falsificadas y el uso de códigos reales de médicos para hacer que las reclamaciones parecieran legítimas.

En términos sencillos, una persona podía aparecer en los registros como si hubiese ido al médico o recibido un procedimiento, aunque nunca hubiera entrado al consultorio.

Luego, esos documentos servían para solicitar el pago correspondiente a Senasa, de acuerdo con la hipótesis que actualmente manejan los investigadores.

Más de RD$41 millones en autorizaciones investigadas

La magnitud de esta parte del expediente va mucho más allá de las consultas ginecológicas detectadas a nombre de hombres.

Las autoridades identificaron 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas solicitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.

El monto acumulado de esas operaciones alcanza RD$41,125,551.02, según la orden judicial citada en informaciones publicadas este viernes.

Investigadores entrevistaron a personas cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.

Varios aseguraron que nunca acudieron a los consultorios indicados, que no conocían a los médicos incluidos en los documentos y que tampoco habían recibido los procedimientos cobrados.

Algunos pudieron demostrar algo todavía más revelador para la investigación.

Según el expediente, había afiliados que estaban trabajando, en sus viviendas, fuera de la ciudad e incluso fuera de República Dominicana el día en que supuestamente recibieron las consultas o cirugías.

Peritajes encontraron firmas que no correspondían

La investigación también llegó hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Peritajes realizados a varios documentos determinaron que algunas firmas colocadas en formularios médicos no correspondían a las firmas reales de los afiliados cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.

Este elemento resulta importante porque puede ayudar a determinar si los documentos fueron preparados sin conocimiento de las personas aseguradas.

El Ministerio Público también rastrea el dinero generado mediante las operaciones investigadas.

Según el expediente, después de que Senasa pagaba determinadas reclamaciones, algunos médicos habrían entregado entre un 40 % y un 60 % de lo cobrado a integrantes del supuesto esquema, ya fuera mediante efectivo o transferencias bancarias.

Estas afirmaciones corresponden a la investigación del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.

Operación Cobra 2.0-A deja 28 arrestados

Los nuevos hallazgos forman parte de la Operación Cobra 2.0-A, una ampliación de las investigaciones relacionadas con Senasa.

El Ministerio Público informó este viernes que 28 personas fueron arrestadas durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

Las autoridades informaron además sobre la ocupación de bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, aunque inicialmente no especificaron el valor total de lo incautado.

Esta nueva etapa dirige parte de la investigación hacia médicos, exempleados y otros prestadores de servicios de salud que presuntamente participaron en las operaciones.

¿Por qué este caso importa a los afiliados de Senasa?

Para una persona común, el punto más preocupante es el supuesto uso de datos personales y médicos sin su conocimiento.

Un afiliado podría aparecer asociado a una consulta o procedimiento que nunca recibió. Precisamente por eso, las entrevistas realizadas a asegurados se han convertido en una parte importante de las evidencias recopiladas.

El caso de los hombres que aparecían con consultas ginecológicas es uno de los ejemplos más evidentes de las inconsistencias descubiertas durante las auditorías.

La investigación continúa y las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia. Los arrestos, auditorías y señalamientos del Ministerio Público no equivalen por sí mismos a una condena.

La orden judicial autorizó allanamientos y la ocupación y análisis de documentos, teléfonos y otros equipos que puedan aportar nuevas evidencias. El proceso deberá continuar ante los tribunales, donde el Ministerio Público tendrá que sustentar las acusaciones correspondientes.