Diario al Día| Dajabón, República Dominicana – Una abogada fue detenida durante un chequeo militar en la comunidad de Cañongo, cuando se desplazaba en un vehículo junto a tres ciudadanos haitianos que, según el reporte, se encontraban en condición migratoria irregular.

La mujer fue identificada como Sandra Maribel Furcal Guzmán, licenciada en Derecho. El procedimiento se realizó en el puesto de chequeo El Laurel, ubicado en esa zona de la provincia Dajabón.

Intervención en el puesto El Laurel

De acuerdo con la información disponible, miembros del S-2 y personal uniformado que prestaba servicio en el puesto de control interceptaron el vehículo durante una inspección.

Furcal Guzmán conducía una jeepeta Honda CR-V de color blanco. En la parte trasera del vehículo se encontraban los tres ciudadanos haitianos señalados en el informe.

Tras verificar la situación migratoria de los ocupantes, los militares procedieron a retener a la conductora y a las otras tres personas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la información suministrada no especifica desde qué lugar había salido el vehículo, cuál era su destino ni las circunstancias en las que los ciudadanos haitianos abordaron la unidad.

Tampoco se ha informado públicamente sobre declaraciones ofrecidas por la abogada respecto al procedimiento o sobre la situación encontrada por las autoridades.

Trasladados a la Fortaleza Beller

Luego de la intervención, Furcal Guzmán, los tres ciudadanos haitianos y la Honda CR-V fueron trasladados hasta la Fortaleza Beller, instalación que sirve como sede del Décimo Batallón de Infantería del Ejército de República Dominicana (ERD) en Dajabón.

Según el reporte, tanto las personas retenidas como el vehículo quedaron entregados en esa dependencia militar para continuar con los procedimientos establecidos.

La información disponible no precisa si contra la profesional del Derecho se ha presentado formalmente alguna acusación ante el Ministerio Público.

Por esa razón, su detención durante el procedimiento no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad.

El caso queda ahora sujeto a las actuaciones de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado de los tres ciudadanos haitianos y establecer las medidas legales que correspondan conforme avance el proceso.