Diario Acontecer | Santo Domingo, República Dominicana – El convenio con Estados Unidos elevó este jueves la tensión política en el país tras las crecientes críticas por la llegada mensual de extranjeros deportados.
La discusión ocupó buena parte de la décima edición del Desayuno Nacional de Oración 2026, donde dirigentes políticos y representantes sociales expresaron inquietudes.
El acuerdo establece que República Dominicana recibirá cerca de 30 ciudadanos extranjeros deportados desde territorio estadounidense como parte de un esquema temporal.
Según las explicaciones oficiales, esos ciudadanos permanecerán de forma transitoria en suelo dominicano antes de ser enviados posteriormente a sus países de origen.
Sin embargo, el convenio con Estados Unidos ha provocado una fuerte reacción pública debido a las dudas sobre sus alcances reales y su impacto nacional.
Durante la actividad, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció que la población espera explicaciones más detalladas sobre el pacto migratorio.
El legislador evitó confrontar directamente al Poder Ejecutivo, aunque admitió que todavía existen preguntas sobre la logística y las razones del acuerdo.
“La sociedad espera respuestas”, expresó De los Santos al referirse al manejo oficial del convenio y al nivel de preocupación que existe actualmente.
El senador señaló además que solo el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez conocen completamente las motivaciones estratégicas.
Mientras tanto, el debate sobre el convenio con Estados Unidos comenzó a extenderse más allá de los sectores políticos tradicionales del país.
Uno de los cuestionamientos más repetidos gira alrededor del precedente que podría crear esta decisión para futuras negociaciones internacionales similares.
El dirigente político Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, calificó el acuerdo como un movimiento “estratégico” y delicado.
Castillo consideró que República Dominicana no debe convertirse en un territorio de tránsito para ciudadanos deportados desde terceras naciones extranjeras.
Además, sostuvo que el país enfrenta actualmente desafíos migratorios complejos y que cualquier decisión adicional requiere un amplio consenso nacional.
El dirigente afirmó que el convenio con Estados Unidos podría tener consecuencias futuras si otros gobiernos intentan aplicar mecanismos similares.
Desde el Congreso también surgieron expresiones de rechazo. El senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, cuestionó abiertamente el pacto.
Ayala declaró que República Dominicana no debe asumir responsabilidades relacionadas con ciudadanos rechazados por otras naciones, sin importar acuerdos previos.
Las críticas más fuertes llegaron desde el Instituto Duartiano, organización que calificó el pacto como una medida “excesivamente complaciente”.
Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, sostuvo que la legislación dominicana únicamente contempla la recepción de nacionales o extranjeros visados.
El jurista también manifestó preocupación por la posible utilización de aeronaves y aeropuertos militares extranjeros dentro de estas operaciones migratorias.
Según Gómez Ramírez, ese aspecto merece una discusión pública más amplia debido a las implicaciones relacionadas con la soberanía nacional dominicana.
Otro elemento que alimentó el debate fue el cambio de postura atribuido al presidente Abinader respecto al tema migratorio y la cooperación regional.
Meses atrás, el mandatario había descartado públicamente la posibilidad de adoptar un acuerdo similar relacionado con extranjeros deportados desde Estados Unidos.
Ahora, el convenio con Estados Unidos reabre discusiones sobre política exterior, seguridad regional y el manejo de la presión migratoria internacional.
Mientras las críticas continúan creciendo, el Gobierno dominicano todavía no ha presentado un informe detallado sobre los mecanismos específicos del acuerdo.
Tampoco se conocen públicamente las condiciones de permanencia temporal de los extranjeros ni los protocolos que se aplicarían durante ese proceso migratorio.
Con todo, diversos sectores consideran que la administración deberá ofrecer aclaraciones rápidas para disminuir la incertidumbre generada en la opinión pública.
La controversia también podría influir en futuros debates legislativos relacionados con migración, cooperación bilateral y controles fronterizos en el Caribe.
Por ahora, el convenio con Estados Unidos continúa provocando una intensa conversación nacional que mezcla preocupación, cautela y presión política.