Diario al Día | San Francisco de Macorís, República Dominicana – En seguimiento al caso del adolescente Ángel Manuel Luna, un tribunal dictó este jueves tres meses de prisión preventiva contra el militar Railyn Santos, imputado por provocar la muerte del joven de 16 años el pasado 22 de mayo.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó que existen elementos suficientes para vincular al uniformado con los hechos.
El tribunal consideró la prisión preventiva como la medida idónea y proporcional a las circunstancias del caso, según explicó el abogado de la familia querellante tras conocerse la decisión.
Santos deberá cumplir los tres meses de reclusión en un centro penitenciario asignado por las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza en las investigaciones.
El objetivo es presentar el acto conclusivo del caso en los plazos establecidos por la normativa procesal penal dominicana vigente.
La madre de la víctima, Patria Luna, recibió la decisión con contención y alivio, expresando su gratitud hacia la comunidad que acompañó el proceso desde el primer momento.
"Me siento tranquila, porque sé que se va a hacer justicia", afirmó con la voz quebrada, y agradeció el respaldo popular que no la dejó sola durante los días más difíciles.
Al recordar a su hijo, Patria describió a Ángel Manuel como un muchacho trabajador y estudioso: "Era de su trabajo, de su casa. Trabajando desde niño para no hacer lo malo".
La mujer reconoció que la prisión preventiva no le devuelve a su hijo y que deberá cargar con ese dolor por el resto de su vida, pero valoró el paso dado por la justicia.
Por su parte, el abogado querellante sostuvo que el tribunal valoró correctamente la imputación y que la medida impuesta es proporcional y garantiza la integridad del proceso.
Cabe recordar que el incidente ocurrió cuando el adolescente transitaba en su motocicleta y fue derribado por el uniformado, lo que le causó golpes fatales en el pecho.
El caso mantiene en vilo a San Francisco de Macorís, donde organizaciones comunitarias y familiares advierten que continuarán exigiendo justicia completa sin impunidad.
La decisión de hoy representa un primer punto de inflexión en un proceso que la comunidad seguirá de cerca hasta que se dicte sentencia definitiva contra los responsables.
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