Diario Acontecer | Washington, Estados Unidos – Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para que bancos y reguladores revisen con más detalle a clientes sin estatus legal.

La medida coloca al sistema financiero en el centro de su agenda migratoria. Sin embargo, no obliga por ahora a recopilar ciudadanía de todos los clientes bancarios.

El texto pide al Tesoro, a reguladores y a agencias federales detectar señales de cuentas, préstamos o tarjetas usadas por personas sin autorización laboral en EE. UU.

La Casa Blanca sostiene que los bancos enfrentan riesgos si un cliente pierde presencia legal y deja pendiente una deuda. Esa tesis abrió un debate técnico y político.

La orden ejecutiva llega después de semanas de señales desde Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había pedido reglas más estrictas para abrir cuentas.

Bessent defendió la idea con el principio de “conozca a su cliente”. A su juicio, los bancos deben saber si una persona tiene ciudadanía, residencia o permiso válido.

Con todo, la orden ejecutiva resultó menos dura que la propuesta que temían los bancos. El borrador más agresivo habría exigido recopilar datos de ciudadanía.

Ejecutivos del sector financiero presionaron durante meses contra ese mandato. Alegaron que encarecería operaciones y crearía montañas de trámites para clientes y bancos.

Los bancos en Estados Unidos no suelen guardar información migratoria de sus usuarios. Por eso, hoy no existen cifras públicas firmes sobre el riesgo real para el crédito.

Un estudio del Urban Institute estimó entre 5,000 y 6,000 hipotecas otorgadas con ITIN. Ese número sugiere que los bancos ya prestaban poco a ese grupo.

El ITIN sirve a muchos contribuyentes que no tienen número de Seguro Social. También permite declarar impuestos, aunque no equivale a un permiso migratorio.

La orden ejecutiva también apunta a posibles señales de alerta, como pagos salariales fuera de nómina, estructuras empresariales opacas o retiros repetidos en efectivo.

Reuters reportó que la directriz no exige revisar la ciudadanía de todos los clientes. En cambio, orienta a bancos a mirar riesgos asociados con ciertos patrones.

Defensores de inmigrantes advierten que la orden ejecutiva puede empujar a familias fuera del sistema bancario. Eso aumentaría el uso de efectivo y la vulnerabilidad.

Organizaciones comunitarias miran el cambio con cautela. Temen que algunas instituciones apliquen controles más amplios antes de recibir reglas finales de Washington.

En barrios con alta presencia inmigrante, el efecto puede sentirse en trámites cotidianos. Abrir una cuenta, pedir crédito o enviar remesas podría requerir más paciencia.

Para muchos hogares, una cuenta bancaria permite cobrar, pagar renta y enviar dinero con registro. Perder ese acceso cambia rutinas básicas y reduce margen de seguridad.

El debate toca también a beneficiarios de DACA y TPS, aunque la orden ejecutiva se enfoca en personas sin autorización laboral y en ciertos productos financieros.

Ahora, la presión se traslada a las agencias. El Tesoro deberá convertir la orden ejecutiva en guías prácticas, con límites que bancos y clientes buscarán entender.

¿Qué implica esto para los inmigrantes que ya usan bancos? Por ahora, más revisión y menos certeza, mientras Washington redefine el vínculo entre dinero y estatus legal.