Diario al Día | Duarte, República Dominicana — Una mujer denunció públicamente episodios de violencia física y verbal sufridos durante 25 años a manos de su expareja.
Santa Francisca Santos Núñez identificó a Juan Bautista Hernández Cabral como el autor de golpes, moretones y laceraciones documentadas en su cuerpo.
La pareja procreó cuatro hijos durante los 25 años de relación. La violencia, según su relato, se intensificó tras diez meses de separación.
En mayo, Hernández Cabral la agredió físicamente sin mediar palabra. Le advirtió que mataría a sus hijas y luego a ella misma.
Santos Núñez acudió por primera vez a la fiscalía en 2011, cuando la institución funcionaba en el cuartel policial de la zona.
Las autoridades remitieron a la pareja a terapia conjunta. Sin embargo, el agresor salió de esa instancia más enfurecido que antes.
Posteriormente se emitió una orden de alejamiento contra Hernández Cabral. Él respondió reiterando amenazas de muerte contra las tres hijas.
Por consejo de una hermana del agresor, la víctima optó por ubicarlo en una habitación trasera de la propiedad familiar.
La violencia verbal continuó pese a esa medida. Santos Núñez volvió a la fiscalía buscando protección policial permanente.
Las autoridades le informaron que no podían asignarle custodia policial personal. Le indicaron que debía cuidarse por cuenta propia.
Ante esa respuesta, el agresor la interceptó dentro de un vehículo mientras conversaba con otra persona. La golpeó repetidamente.
Durante ese ataque reiteró las amenazas de matarla a ella y a las niñas. Este nuevo episodio de violencia la obligó a huir.
Santos Núñez ingresó entonces a una casa de acogida, donde permaneció durante poco más de un mes bajo resguardo.
Describió a ese centro como un espacio de personas responsables, que ofrecían protección constante y orientación durante su estadía.
Decidió abandonar la casa de acogida después de que su hija mayor localizara al agresor y lo reportara a las autoridades.
Un funcionario identificado como Bartolo, encargado del caso ante el organismo estatal de atención a víctimas, recibió esa información.
La hija ubicó a Hernández Cabral en un campo del municipio de Yamasá. Esto ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche.
La patrulla policial llegó al lugar recién a las once de la mañana del día siguiente. El teléfono del hombre nunca fue incautado.
Pese a las denuncias reiteradas y la orden de alejamiento vigente, Santos Núñez terminó conviviendo cerca de su agresor por necesidad.
La demora institucional permitió que Hernández Cabral permaneciera en libertad. Actualmente continúa prófugo de la justicia dominicana.
La víctima cuestionó públicamente la respuesta de las instituciones frente a casos de violencia intrafamiliar en el país.
Su testimonio se suma a estadísticas oficiales sobre feminicidios que organismos como el Ministerio de la Mujer reportan periódicamente.
El caso expone fallas reiteradas en el seguimiento de órdenes de alejamiento por parte de fiscalía y cuerpos policiales locales.
Santos Núñez continúa a la espera de que las autoridades den con el paradero definitivo de Hernández Cabral y actúen en consecuencia.
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