Diario al Día | Santiago, República Dominicana – A casi un año de la muerte de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, familiares de una de las víctimas volvieron a encender el debate público tras cuestionar el presunto ascenso de un agente imputado en el proceso judicial, mientras el caso aún no ha sido conocido en cuanto al fondo.

El hecho ocurrido en La Barranquita continúa generando tensión entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que las decisiones administrativas recientes dentro de la institución envían un mensaje de impunidad, en un expediente que todavía se encuentra en fase preliminar ante los tribunales.

Rafael Valerio, tío de Bladimir Valerio Estévez, conocido como El Peluquero, aseguró que la familia recibió con sorpresa la información de que el mayor de la Policía Nacional Hansel Michel Cuevas Carrasco, imputado en el expediente habría sido ascendido y asignado a una nueva plaza.

De acuerdo con las informaciones, Cuevas Carrasco habría sido designado como encargado del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Puerto Plata, lo que ha reavivado la discusión sobre la pertinencia de decisiones internas mientras el proceso de La Barranquita sigue abierto.

El pariente de la víctima sostuvo que el proceso judicial vinculado a La Barranquita todavía se encuentra en su fase preliminar y recordó que algunos de los imputados han sido favorecidos con la variación de la medida de coerción, lo que, a su juicio, complica el escenario de justicia.

“Si una persona sigue siendo investigada dentro de un proceso, lo correcto es esperar que concluya para establecer si tiene o no responsabilidad. Lo que se está proyectando a la sociedad es un mensaje de que todo se olvida y de que los involucrados pueden volver a sus funciones sin que exista una sentencia definitiva”, expresó Valerio al referirse al caso de La Barranquita.

Asimismo, manifestó preocupación porque algunos de los agentes procesados por los hechos de La Barranquita ya no permanecen detenidos y, según dijo, incluso desempeñan funciones dentro de la institución policial mientras el caso sigue en curso.

Valerio reiteró que su sobrino, Bladimir Valerio Estévez, era inocente y rechazó que fuera vinculado con estructuras criminales en el contexto de La Barranquita, como informó inicialmente la Policía Nacional tras el operativo.

Afirmó que, hasta la fecha, las autoridades no han presentado pruebas que sustenten esas acusaciones relacionadas con La Barranquita y recordó que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las víctimas no habrían disparado contra los agentes y tampoco existían órdenes de arresto en su contra.

Explicó que Bladimir residió durante un tiempo en Puerto Plata, donde trabajaba como barbero y levantó su negocio con préstamos y esfuerzo propio, desmintiendo que los recursos provinieran de actividades ilícitas en el marco del caso de La Barranquita.

El familiar lamentó que, a casi un año de la tragedia vinculada a La Barranquita, la familia aún no haya recibido una disculpa pública ni explicaciones del director general de la Policía Nacional ni de otras autoridades.

Los agentes enviados a prisión preventiva por el caso de La Barranquita fueron el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.

En tanto, otros siete imputados relacionados con La Barranquita deberán pagar una garantía económica de 1 millón de pesos mediante una compañía aseguradora, presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen prohibido salir del país.

Entre ellos figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, todos vinculados al expediente de La Barranquita.

El tribunal también impuso una orden de alejamiento que prohíbe a los policías acercarse a los familiares de las víctimas del caso de La Barranquita.

Los 11 agentes fueron procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Bladimir Valerio Estévez, durante un operativo realizado el 10 de septiembre de 2025 en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, de Santiago.