Diario al Día | Pedernales, República Dominicana — El juez David Antonio Merán impuso medidas al capitán implicado en el caso en Bahía de las Águilas, donde una joven perdió la existencia.
La decisión dentro del caso en Bahía de las Águilas exige a Robinson Hernández (Piter) RD$ 20,000 y firma quincenal.
Estos requisitos buscan su comparecencia mientras avanza la pesquisa por el fallecimiento de Gabriela Cartagena, de 20 años.
Bahía de las Águilas, con aguas cristalinas y arena blanca, es un destino preciado del suroeste dominicano.
Según reportes, Hernández manejaba la lancha cuando la hélice impactó accidentalmente contra la joven en la orilla.
Personal del 9-1-1 trasladó a la víctima del caso en Bahía de las Águilas al Hospital Elio Fiallo. En el Hospital Elio Fiallo, los médicos la declararon sin signos vitales debido a las graves lesiones sufridas.
Cartagena, hija de diplomáticos, estaba en una excursión familiar al momento del suceso, según fuentes cercanas.
El Heraldo USA citó a la familia en el caso en Bahía de las Águilas, quienes dijeron que estaban cerca de la orilla con guías y medidas de seguridad.
La lancha, según el testimonio, se aproximó a gran velocidad, lo que añade más presión a la investigación del caso.
Lancheros de la zona piden urgentemente señalizar las playas del litoral para prevenir que estos hechos se repitan.
La falta de delimitación entre bañistas y embarcaciones es un riesgo constante para los turistas en Pedernales fronterizos.
Aunque el hecho fue calificado como involuntario, el tribunal aborda con seriedad las consecuencias del caso en Bahía de las Águilas.
El capitán debe cumplir estrictamente con las presentaciones bajo apercibimiento de revocación, según el juez Merán.
La comunidad local espera que las autoridades refuercen la seguridad costera y no solo actúen en el ámbito punitivo.
El tribunal de Pedernales supervisa activamente el caso en Bahía de las Águilas para garantizar el cumplimiento de las medidas.
La resolución final del caso en Bahía de las Águilas podría sentar un precedente nacional sobre la regulación de embarcaciones.
Mientras, la familia de la víctima espera respuestas y los operadores turísticos observan con atención el desarrollo judicial.