Diario al Día | Punta Cana, La Altagracia, República Dominicana – Una pareja de inversionistas residentes en Estados Unidos denunció presuntas irregularidades tras adquirir un apartamento en el proyecto Niagara Beach, ubicado en Punta Cana, una operación que aseguran realizaron confiando en las condiciones establecidas en la documentación contractual firmada con la constructora.
Los denunciantes explicaron que en mayo de 2022 suscribieron un contrato formal con la constructora Promotora Dolteza, representada legalmente por su propietario, Abel Martínez Triguero.
Indicaron que entregaron 21,000 dólares provenientes de sus ahorros personales como parte de la inversión acordada para acceder a una unidad habitacional dentro del desarrollo turístico y residencial.
De acuerdo con la pareja, el compromiso contractual contemplaba la entrega definitiva del inmueble una vez finalizada la construcción.
La fecha fijada para recibir la propiedad estaba establecida para mayo de 2024, conforme a los términos pactados al momento de formalizar la negociación con la empresa desarrolladora.
Sin embargo, los afectados sostienen que el plazo transcurrió sin que se materializara la asignación del apartamento comprometido.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, decidieron trasladarse al país para verificar personalmente el estado del proyecto y conocer el avance real de la obra anunciada durante el proceso de comercialización.
Durante su visita, los inversionistas constataron de manera presunta que la edificación no había sido ejecutada conforme a lo esperado.
Además, señalaron que la promoción y venta del proyecto fue inicialmente gestionada por la inmobiliaria Golden Castle Real Estate, a través de la vendedora Yamilet Jiménez, y contó con el aval profesional de los abogados Staralyn Solano y Dalino Pacheco Abreu.
La pareja afirmó que durante sus indagaciones tuvo conocimiento de que otras familias estarían en circunstancias similares respecto al mismo desarrollo inmobiliario.
Los denunciantes manifestaron preocupación por la situación y aseguraron que varios compradores permanecen a la espera de una solución en relación con las inversiones realizadas en el proyecto.
Ante la situación, los afectados exigieron la devolución del 100 % de los recursos entregados y solicitaron una respuesta por parte de los responsables vinculados al desarrollo habitacional, manteniendo su reclamo por el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la negociación de la propiedad.
El caso ha generado inquietud entre la comunidad de compradores internacionales interesados en proyectos inmobiliarios en Punta Cana, destacando la importancia de la transparencia y cumplimiento contractual en desarrollos turísticos y residenciales en República Dominicana.
Expertos legales indicaron que situaciones de este tipo pueden derivar en procesos judiciales y enfatizaron la necesidad de que los desarrolladores cumplan con los plazos y condiciones pactadas, a fin de proteger los derechos de los inversionistas y mantener la confianza en el mercado inmobiliario del país.
Mientras tanto, los denunciantes continúan buscando una resolución efectiva que asegure la recuperación de su inversión o, en su defecto, el cumplimiento de lo prometido por la constructora, reflejando la creciente preocupación de compradores extranjeros sobre la gestión de proyectos inmobiliarios en Punta Cana.
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