Diario al Día | Distrito Nacional, República Dominicana — La ciudadana Adela Mota continúa en el centro de una investigación judicial luego de que las autoridades mantuvieran activa su búsqueda para ejecutar una orden de arresto relacionada con el caso Grupo Paceo, un expediente que involucra reclamos de compradores del proyecto West Side Residences Punta Cana.

La orden judicial pendiente corresponde al número 2025-AJ0007854, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Adela Mota Matos y Joan Fernando González Contreras, ambos vinculados al proceso investigativo desarrollado por el Ministerio Público.

El expediente reúne denuncias, querellas, comprobantes de pago e inspecciones realizadas como parte de las diligencias oficiales, según informó la institución mediante un comunicado divulgado este miércoles.

En el desarrollo de la investigación, Joan Fernando González Contreras fue detenido por las autoridades y posteriormente permaneció retenido debido a la presentación de 13 nuevas querellas en su contra dentro del mismo proceso.

Mientras tanto, la ubicación de Adela Mota Matos sigue siendo una prioridad para las autoridades, debido a que la disposición judicial emitida en su contra aún no ha podido ser ejecutada. Los organismos correspondientes mantienen las labores para localizarla y avanzar con el proceso establecido.

El caso Grupo Paceo involucra reclamaciones realizadas por compradores nacionales y extranjeros que aseguran haber entregado recursos económicos para adquirir unidades residenciales dentro del proyecto West Side Residences Punta Cana.

De acuerdo con las denuncias presentadas, los compradores alegan que los inmuebles comprometidos no fueron entregados, situación que llevó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones y recopilar elementos relacionados con las reclamaciones.

La búsqueda de Adela Mota forma parte de un proceso que ha generado atención entre los afectados, quienes solicitan que las acciones judiciales continúen sin distinciones y que se garantice el avance de las investigaciones correspondientes.

Representantes de los compradores afectados pidieron fortalecer las labores de localización para ejecutar la orden pendiente y permitir que el caso Grupo Paceo continúe su curso dentro de los mecanismos judiciales establecidos.

Mientras las autoridades mantienen abiertas las actuaciones del expediente, los compradores esperan nuevas informaciones sobre el desarrollo del proceso y las próximas medidas que puedan surgir en torno a la investigación. ¿Cuáles serán los próximos pasos tras la ejecución de las órdenes pendientes?