República Dominicana enfrenta un reto que va mucho más allá de las alertas sísmicas

Diario al Día | República Dominicana – Los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia han vuelto a poner sobre la mesa una preocupación para toda la región: ¿qué tan preparada está República Dominicana para enfrentar un terremoto de gran magnitud?

El país trabaja en sistemas de alerta temprana para poder avisar a la población ante diferentes amenazas. Pero una alerta, por sí sola, no puede evitar que un edificio se derrumbe ni corregir una construcción vulnerable.

Ese es uno de los principales desafíos: preparar a la población y, al mismo tiempo, reducir los riesgos de las estructuras donde vive y trabaja.

El riesgo sísmico en República Dominicana no es nuevo

República Dominicana se encuentra en una zona donde existe actividad sísmica debido a su ubicación entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.

De acuerdo con especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el país cuenta con cerca de 18 fallas geológicas activas.

Entre las de mayor potencial destructivo están la Falla de Enriquillo, ubicada en el sur, y la Falla Septentrional, que atraviesa la región norte desde Montecristi hasta Samaná.

La ingeniera sísmica Claudia Germoso, de INTEC, explicó que un terremoto de grandes proporciones también podría ocurrir en República Dominicana.

Según la especialista, la Falla Septentrional tiene un período promedio de recurrencia de unos 50 años para terremotos de gran escala. El último gran terremoto asociado a esta falla ocurrió en Samaná en 1946 y provocó un tsunami.

Por eso, INTEC ha llamado a fortalecer la calidad de las construcciones, la supervisión técnica, la preparación de la población y la protección financiera frente a un posible desastre.

Una alerta puede salvar tiempo, pero el edificio también importa

República Dominicana necesita sistemas capaces de advertir a la población cuando existe una amenaza.

Entre las herramientas señaladas están las boyas y sensores submarinos con tecnología DART, además de bocinas ubicadas en puntos estratégicos.

Pero hay una diferencia fundamental: un sistema de alerta puede avisar que existe un peligro; no puede hacer que una construcción sea más resistente.

Para reducir las consecuencias de un terremoto también son importantes el diseño estructural, los estudios de suelo, los permisos de construcción, la supervisión de las obras, el cumplimiento de las normas, el mantenimiento y el reforzamiento de edificios existentes.

En otras palabras, recibir una alerta con algunos segundos de anticipación puede ser muy importante, pero la seguridad de una familia también depende de la estructura donde se encuentre en ese momento.

¿Qué está pasando con las construcciones?

Uno de los puntos que genera preocupación es la diferencia entre las edificaciones registradas y los permisos de construcción.

Un reportaje citado en la información encontró que durante 2025 fueron registradas 4,163 edificaciones, mientras que se otorgaron 1,362 permisos para construcciones privadas.

La diferencia fue de 2,801 proyectos.

Esto no significa automáticamente que todas esas construcciones hayan sido levantadas ilegalmente. Sin embargo, sí plantea la necesidad de conocer qué explica esa diferencia y qué capacidad tiene el Estado para verificar que las obras cumplan con las normas.

El propio Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones establece que la licencia de construcción busca evaluar y autorizar los proyectos de acuerdo con los requisitos técnicos, legales y normativos.

El Estado está aprobando más permisos

Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran que el proceso de permisos ha aumentado.

Entre enero y julio de 2026, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones emitió 1,122 licencias de construcción, frente a las 605 otorgadas durante el mismo período de 2025.

Además, las 1,122 licencias de los primeros siete meses de 2026 ya superaron las 953 emitidas durante todo 2025.

Solo en julio fueron autorizadas 201 licencias, la cifra mensual más alta registrada desde la creación del ministerio en 2021.

Los proyectos aprobados entre enero y julio representan, según los datos presentados por la institución, alrededor de RD$407 mil millones en inversión privada viabilizada.

En 2025, durante el período comparable señalado, la cifra fue de RD$150,163 millones. El aumento informado fue de 171 %.

Esto refleja un país donde la actividad constructiva está creciendo con fuerza. Y precisamente por eso aumenta la importancia de que la supervisión avance al mismo ritmo.

Santo Domingo tiene un desafío todavía mayor

El crecimiento urbano también cambia la forma en que se debe analizar el riesgo.

En sectores densamente poblados, miles de personas pueden vivir y trabajar en espacios relativamente reducidos. El Distrito Nacional, por ejemplo, tiene 91 kilómetros cuadrados y una población que ronda las 11,000 personas por kilómetro cuadrado, según la información presentada.

A esto se suma el crecimiento vertical.

Cuando una ciudad comienza a tener más edificios altos y una mayor concentración de personas, la planificación debe considerar no solamente dónde se construye, sino también cómo respondería la ciudad ante una emergencia.

Eso incluye las vías de acceso, las rutas de evacuación, la infraestructura crítica, los servicios de emergencia y las condiciones de las propias edificaciones.

Las cañadas también forman parte del problema

Otro punto de preocupación son las viviendas construidas en zonas cercanas a cañadas.

Estos lugares pueden concentrar diferentes riesgos al mismo tiempo.

Las lluvias fuertes pueden provocar inundaciones. La acumulación de residuos y aguas contaminadas puede generar problemas sanitarios. Y cuando las personas construyen de manera desordenada en estos espacios, aumenta la cantidad de familias expuestas.

En caso de un terremoto, además, el comportamiento de una estructura dependerá de factores como el tipo de suelo, el sistema utilizado para construirla, el diseño y la calidad de la obra.

Por eso, una zona vulnerable puede tener varios riesgos al mismo tiempo, no solamente uno.

La Altagracia también deja una pregunta pendiente

Los datos de la provincia La Altagracia muestran otra diferencia que merece ser explicada.

Durante 2025 se registraron 1,642 construcciones, mientras que fueron otorgados 264 permisos para construcciones privadas.

La diferencia fue de 1,378 proyectos, equivalente aproximadamente al 83 % de las construcciones registradas.

Pero este dato no permite afirmar por sí solo que esas edificaciones sean ilegales.

Lo que sí hace es plantear una pregunta importante: ¿por qué existe una diferencia tan grande entre las construcciones registradas y los permisos otorgados?

Responderla ayudaría a entender mejor cómo está creciendo la provincia y si los mecanismos de planificación, autorización y supervisión están acompañando ese crecimiento.

El verdadero reto es reducir la vulnerabilidad

República Dominicana necesita sistemas de alerta capaces de informar rápidamente a la población ante una emergencia.

Pero también necesita ciudades planificadas, edificaciones seguras y mecanismos efectivos para supervisar las nuevas construcciones.

La alerta temprana y la seguridad estructural no son sustitutos. Son partes diferentes de una misma estrategia.

Un terremoto no necesariamente crea todas las debilidades de una ciudad. En muchos casos, lo que hace es ponerlas al descubierto.

Por eso, la pregunta no es solamente si República Dominicana podrá detectar un terremoto a tiempo.

La pregunta más difícil es otra:

Cuando llegue un terremoto fuerte, ¿qué tan preparadas estarán las viviendas, los edificios, las calles y las ciudades para soportarlo?

Por Raúl Germán Bautista.