Diario al Día, Santo Domingo- El Ministerio Público informó que presentará próximamente una nueva etapa de la Operación Cobra, ampliando la investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para incluir a más personas físicas y jurídicas vinculadas al uso irregular de recursos.

Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución, confirmó que el proceso se extiende y que se tomarán medidas contra todos los involucrados en el manejo indebido de fondos públicos. Este anuncio se dio luego de que un juez impusiera medidas de coerción a diez imputados, una decisión que Camacho calificó como un paso importante para la autonomía institucional.

El juez Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, validó la solidez del expediente y destacó la gravedad de los hechos imputados, señalando el impacto negativo en el sistema estatal y la confianza ciudadana.

Como resultado, siete de los imputados fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses, mientras que tres cumplirán arresto domiciliario con restricciones, incluyendo impedimento de salida del país. Entre los enviados a Najayo figura Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa, señalado como principal implicado, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En arresto domiciliario permanecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo. Durante la audiencia, algunos imputados alegaron haber sufrido presiones para realizar pagos no habituales, versión que será evaluada en el proceso judicial.

El Ministerio Público sostiene que existía una estructura administrativa irregular dentro de SeNaSa, con aprobaciones indebidas, pagos improcedentes, uso de empresas relacionadas y desvío sistemático de recursos públicos. Según la fiscalía, el perjuicio económico es millonario y afectó la sostenibilidad del seguro estatal de salud, cuyos recursos estaban destinados a servicios médicos para afiliados en situación de vulnerabilidad social.

Camacho reiteró que la investigación continuará ampliándose conforme se obtengan nuevas evidencias documentales y testimoniales verificables. La Operación Cobra sigue abierta bajo análisis técnico de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y se esperan nuevas imputaciones tras concluir las diligencias en curso.