Diario al Día| La Romana, República Dominicana – El Primer Juzgado de la Instrucción de La Romana dictó una sentencia de un año de prisión contra Eduardo Corporán De Aza, tras comprobar su responsabilidad en actos que afectaron a varios animales domésticos en el sector Barrio Blanco.
La jueza aplicó la pena máxima establecida en la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.
Corporán De Aza había cumplido dos meses bajo medida preventiva, y el tribunal decidió suspender condicionalmente el resto del periodo, bajo condiciones específicas para evitar reincidencias y garantizar seguimiento institucional.
Detalles del caso y evidencias
El expediente oficial atribuye a Corporán De Aza la exposición nociva que causó daños graves en cachorros, un perro chihuahua, un gato doméstico y varias aves locales.
Además, se documentó el hallazgo de otro canino con quemaduras severas, cuyo estado se deterioró hasta una condición irreversible, según reportaron residentes del sector.
Estos hechos ocurrieron en junio y generaron preocupación en la comunidad, que alertó a las autoridades sobre daños reiterados a la fauna doméstica. La investigación recopiló pruebas y testimonios que permitieron establecer la responsabilidad directa del acusado.
Proceso judicial y medidas adoptadas
Durante la audiencia, el tribunal valoró los elementos presentados y aplicó la pena máxima contemplada en la legislación vigente.
La suspensión condicional del periodo restante está sujeta a reglas procesales claras, que incluyen el cumplimiento de disposiciones orientadas a evitar la reincidencia y asegurar un seguimiento institucional continuo.
Corporán De Aza deberá acatar estas condiciones para garantizar que no se repitan conductas que afecten a los animales domésticos en la zona. La medida busca proteger a la fauna local y fomentar la tenencia responsable en la comunidad.
Reacciones institucionales y comunitarias
Representantes del Ministerio Público destacaron la eficiencia procesal y el compromiso institucional para responder con rapidez ante los hechos.
La fiscal Yalissa Marina Candelario Rijo dirigió la investigación y coordinó las actuaciones para documentar y establecer la responsabilidad conforme a la ley.
La entidad nacional de Protección Animal resaltó la importancia de esta resolución como una respuesta oportuna frente a sucesos que generaron preocupación vecinal.
La comunidad de Barrio Blanco ha solicitado mayor vigilancia para prevenir futuros incidentes y proteger a los animales domésticos.
Contexto y seguimiento
El caso ha generado un debate local sobre la importancia de la tenencia responsable y el cuidado adecuado de los animales dependientes.
Las autoridades mantienen el seguimiento del proceso para garantizar el cumplimiento de la sentencia y promover prácticas que eviten daños a la fauna doméstica.
Este proceso judicial representa un avance en la aplicación de la Ley 248-12 y en la protección de los animales en la República Dominicana, reforzando el compromiso institucional y comunitario en la defensa de los derechos de los seres vivos.