Diario al Día | Santiago, República Dominicana – La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stephanie Santiago Reyes, impuso prisión preventiva de 18 meses y declaró complejo el proceso penal contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Vasiris Guzmán, acusados de encabezar una presunta estructura criminal vinculada al desvío de fondos destinados a pacientes oncológicos.

La magistrada ordenó el ingreso de los imputados en centros de corrección de la ciudad, disponiendo que Lora Cruceta fuera trasladado al CCR Rafey Hombres y Guzmán al CCR Rafey Mujeres, tras considerar la gravedad de los señalamientos presentados por el caso.

En esta fase inicial del proceso, la medida de prisión preventiva se estableció como respuesta a la complejidad de los hechos investigados.

Según la investigación del Ministerio Público, los acusados habrían operado un esquema de fraude clínico, farmacéutico y financiero que incluía la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsificados, la doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes con cáncer, elementos que reforzaron la decisión de prisión preventiva en su contra.

El expediente detalla además la presunta comercialización de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales en importaciones y el presunto tráfico de sustancias controladas, junto con la realización de cirugías estéticas en instalaciones médicas.

También se atribuyen reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, así como acciones de sabotaje digital, sustracción de archivos institucionales y operaciones de lavado de activos para ocultar fondos, lo que mantiene la prisión preventiva como medida central del proceso.

El Ministerio Público imputa a los procesados los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas informáticos y códigos de seguridad, además de lavado de activos, lo que sustenta la solicitud de prisión preventiva en el expediente judicial.

La declaratoria de caso complejo permitirá a las autoridades ampliar el plazo de investigación para profundizar las pesquisas sobre la presunta red.

Mientras que la ciudadana identificada como Dilcia Vargas, también involucrada en la estructura, cumplirá arresto domiciliario.

En este escenario, la prisión preventiva se mantiene como medida mientras se analizan nuevas evidencias que podrían esclarecer el alcance del supuesto esquema de enriquecimiento ilícito ligado a recursos destinados a salvar vidas de pacientes con cáncer.

Finalmente, el proceso continúa bajo seguimiento judicial en Santiago, donde el Ministerio Público busca establecer responsabilidades penales en una investigación que ha puesto bajo escrutinio el manejo de fondos sensibles del sistema de salud.

La prisión preventiva dictada marca una fase clave en un expediente que sigue abierto y en expansión.