Diario Acontecer | Washington, EE. UU. – Donald Trump ordenó el 19 de mayo revisar el sistema financiero para endurecer controles sobre remesas y servicios usados por inmigrantes sin permiso laboral.

La medida, titulada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero de Estados Unidos”, coloca al Departamento del Tesoro en el centro de una revisión que puede cambiar reglas bancarias.

El texto no bloquea de inmediato las remesas, pero abre la puerta a más controles sobre clientes, transferencias, cuentas, préstamos y documentos usados para operar dentro del sistema financiero.

En la práctica, los inmigrantes sin estatus regular podrían enfrentar más preguntas al abrir cuentas, solicitar crédito o enviar remesas a sus países desde negocios y plataformas reguladas.

La orden pide al Tesoro emitir en 60 días una alerta formal para bancos e instituciones financieras sobre patrones que la Casa Blanca vincula con pagos fuera de nómina y uso irregular de cuentas.

También exige que, en un máximo de 90 días, el Tesoro proponga cambios a normas de la Ley de Secreto Bancario para reforzar la debida diligencia sobre clientes con base en riesgos.

El punto más sensible aparece cuando el documento menciona el ITIN, usado por muchos trabajadores para declarar impuestos aunque no tengan número de Seguro Social ni autorización laboral vigente.

El gobierno sostiene que ese número puede convertirse en un factor de riesgo si una persona lo usa para abrir cuentas o acceder a crédito sin demostrar estatus migratorio y permiso de empleo.

Para bancos y cooperativas, el cambio puede significar más revisión documental, más reportes internos y un mayor cuidado antes de aceptar operaciones vinculadas a remesas frecuentes o préstamos.

Sin embargo, especialistas advierten que un control excesivo podría empujar a familias trabajadoras fuera del sistema formal, donde las remesas dejan rastro y suelen tener mayor supervisión.

El asunto pesa especialmente en comunidades de México, Centroamérica, India y China, cuyos hogares reciben miles de millones de dólares enviados desde Estados Unidos cada año.

En barrios migrantes, las remesas no son un gesto menor: pagan comida, medicinas, estudios y deudas familiares. Por eso, cualquier demora puede sentirse lejos de Washington, pero muy cerca de casa.

La administración Trump defiende la medida como una vía para proteger a bancos, frenar fraudes y reducir operaciones que, según la Casa Blanca, aprovechan vacíos en la identificación de clientes.

Además, el documento apunta a empleadores que pagan salarios sin reportarlos correctamente, usan números inválidos o no remiten impuestos de nómina, prácticas que también dañan la evaluación crediticia.

En paralelo, la orden pide observar el riesgo de préstamos hipotecarios, autos, tarjetas y otros créditos otorgados a personas que podrían perder ingresos por medidas migratorias o cambios laborales.

Esa lectura inquieta a defensores de inmigrantes, porque puede cerrar opciones de vivienda, transporte y crédito a personas que pagan impuestos, trabajan y sostienen a familias dentro y fuera del país.

Las remesas quedan así en una zona de espera. No hay una prohibición general, pero sí un calendario que puede derivar en reglas más estrictas para bancos, fintechs y empresas de envío de dinero.

Por ahora, el impacto dependerá de cómo el Tesoro redacte las guías y de cómo reaccionen las instituciones financieras. La pregunta es si el control buscará riesgos reales o castigará a comunidades enteras.