Un joven identificado como Jairo Vallejo Otoñó ha emprendido acciones legales contra el Plan Piloto de la Policía Nacional tras enfrentar serias complicaciones con un vehículo Toyota Hilux 2009 que adquirió en 2022.
El conflicto surgió cuando, después de haber recibido la certificación de que el automóvil no tenía denuncias ni antecedentes penales, descubrió que el vehículo figuraba como robado.
Al intentar vender el automóvil meses después de la compra, Vallejo acudió nuevamente al Plan Piloto para una verificación adicional.
En esta ocasión, las autoridades del Plan Piloto, en colaboración con la fiscalía, retuvieron el vehículo argumentando que, tras un análisis forense, se había detectado una alteración en el chasis y que el auto estaba reportado como robado desde 2010.
Vallejo Otoñó expresó su sorpresa y frustración ante esta contradicción, ya que en la primera revisión el vehículo había sido aprobado sin problemas. Las autoridades atribuyeron el error al químico responsable de la inspección inicial, quien, según ellos, era nuevo en el puesto y no detectó las irregularidades.
Además, el joven denunció que la matrícula del vehículo había sido modificada por una que no correspondía al modelo original. También aseguró que, a pesar de estar oficialmente retenido, agentes de la institución han estado utilizando el automóvil.
El problema se agrava debido a que el vendedor original del vehículo se niega a devolverle el dinero a Vallejo. En su lugar, ha sugerido que cada propietario anterior aporte una parte para cubrir el costo total de la devolución.
Vallejo Otoñó ha solicitado la intervención de las autoridades para resolver el caso y recuperar su inversión, señalando que el vehículo era su principal medio de transporte para trabajar.
Este caso ha generado controversia, poniendo en duda los procedimientos de revisión y certificación de vehículos usados por parte de las instituciones involucradas.
