Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – El abogado Félix Portes cuestionó las actuaciones atribuidas al comunicador Ramón Tolentino dentro del caso Karen Yapoort y Edwin Encarnación, luego de que este (el comunicador) afirmara haber realizado un levantamiento y presentado materiales obtenidos durante esas diligencias.
Portes citó el artículo 326 del Código Penal, correspondiente a la Ley 74-25, que regula la obstrucción de investigaciones y establece sanciones para quienes puedan interferir con el proceso de esclarecimiento de un hecho.
El jurista compartió la disposición legal después de que Tolentino indicara públicamente: “Estas son mis pruebas del levantamiento que nosotros hicimos”, al referirse a los elementos recopilados por su equipo en el lugar bajo investigación.
Debate sobre las funciones de investigación
La publicación de Portes abrió una discusión sobre los límites entre el trabajo periodístico y las actuaciones que corresponden a los organismos oficiales encargados de investigar.
Según el artículo citado por el abogado, una persona podría enfrentar consecuencias legales si obstaculiza una investigación mediante acciones como modificar un escenario, alterar evidencias o intervenir elementos que puedan ser utilizados para aclarar un caso.
La norma establece sanciones de dos a tres años de prisión menor y multas determinadas en salarios mínimos del sector público para determinadas conductas relacionadas con la obstrucción.
El artículo también contempla escenarios específicos cuando la conducta involucra a una autoridad pública encargada de una investigación o cuando existe la intención de ocultar una infracción considerada de mayor gravedad.
Reclamos a las autoridades
Portes señaló que Tolentino no pertenece a una institución oficial de investigación ni actuaba bajo instrucciones del Ministerio Público, por lo que planteó dudas sobre las facultades para realizar diligencias dentro de una investigación formal.
Asimismo, indicó que una intervención externa podría afectar la preservación de elementos importantes y el manejo adecuado de la cadena de custodia, aunque aclaró que cualquier responsabilidad dependerá de los hechos que determinen las autoridades correspondientes.
El abogado también dirigió cuestionamientos hacia la Fiscalía de La Romana, la Procuraduría General de la República y el DICRIM, al considerar necesario revisar cómo se han desarrollado las actuaciones oficiales relacionadas con el caso.
Además, pidió que Wilson Camacho y la Policía Nacional intervengan para garantizar que los organismos autorizados asuman las diligencias, documenten los procedimientos y preserven los elementos disponibles.
Mientras continúan los reclamos sobre el manejo del caso, la publicación de Félix Portes mantiene en discusión el papel de las personas externas en procesos investigativos y la necesidad de que las autoridades competentes establezcan las actuaciones realizadas.
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