Diario al Día | San Cristóbal, República Dominicana — La crisis sanitaria denunciada dentro de la dotación policial de San Cristóbal tomó relevancia pública tras el fallecimiento del joven Miguel Antonio Luca Valenzuela bajo custodia de las autoridades, un caso que motivó reclamos de organizaciones de derechos humanos y pedidos de intervención urgente por parte de instituciones estatales.
La crisis sanitaria en las instalaciones policiales fue señalada por activistas que acompañan a familiares afectados, quienes describieron el recinto como un espacio con graves deficiencias de higiene y condiciones que, según sus denuncias, ponen en riesgo a internos, abogados, familiares y personal judicial.
La protesta se desarrolló este jueves en los alrededores del palacio policial y del tribunal de esta provincia, donde decenas de ciudadanos se concentraron con pancartas y ramas para exigir respuestas por el caso del joven conocido como “Miguelito”.
La manifestación contó con vigilancia de un amplio contingente militarizado y agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
Esta crisis sanitaria fue vinculada por los representantes comunitarios con las condiciones de permanencia de las personas detenidas.
Los activistas afirmaron que la situación representa una preocupación constante y solicitaron acciones coordinadas del Ministerio Público y del Ministerio de Salud Pública.
“En lo que va de mes, dos personas, dos jóvenes han fallecido en ese centro que es una sala de maltratos y un área de una cárcel llena de todo tipo de enfermedades”, expresó un portavoz de derechos humanos durante una declaración ante medios locales.
El representante también cuestionó el manejo del caso de Miguel Antonio Luca Valenzuela y manifestó: “El caso del joven no dejaron al abogado ni siquiera que lo pueda ver. Lo que trataron fue de violentarle su dignidad. El capitán del Dintel que lo apresó allá en Calle Bonita… que investiguen quién es y por qué él lo apresó”.
La crisis sanitaria también fue relacionada con las condiciones ambientales del recinto. Los denunciantes aseguraron que los problemas de salubridad han generado olores intensos que, según explicaron, alcanzan áreas cercanas al Tribunal de Jurisdicción Permanente.
“Ahí tú ves a los jueces tapados con mascarilla, y los presos al aire libre, los familiares y los abogados expuestos a enfermarse porque no se aguanta el olor”, puntualizó el vocero.
Ante esta crisis sanitaria, las organizaciones anunciaron que llevarán sus reclamos a instancias internacionales mediante denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo, indicaron, es solicitar medidas frente a las condiciones de detención preventiva y exigir una revisión de las instalaciones.
El caso refleja una crisis sanitaria y de derechos humanos que ha generado cuestionamientos sobre los métodos utilizados durante los procesos de detención en San Cristóbal, incluyendo señalamientos hacia unidades como la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL).
Mientras la crisis sanitaria continúa bajo observación de sectores sociales y organizaciones civiles, las autoridades enfrentan el llamado a responder sobre las condiciones del centro y las medidas que podrían aplicarse para mejorar la situación. ¿Qué acciones oficiales se anunciarán tras estas denuncias?