Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó este año a 20 años de prisión a Endy Junior González, hallado culpable de provocar la muerte de su suegra y amenazar a su pareja embarazada.
El hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en el sector Enriquillo de Herrera, cuando González llegó armado a la vivienda familiar pasadas las 10:45 de la noche.
Su objetivo era llevarse a su pareja, quien se encontraba embarazada. La condena Endy González cierra un proceso judicial que conmocionó a la comunidad desde que los hechos trascendieron.
Teresa Sánchez Jiménez, madre de la joven, intentó impedir que su hija fuera sacada por la fuerza. En ese momento, González le disparó en el tórax, dejándola gravemente herida en plena vía pública.

Según la investigación dirigida por la fiscal Anyelina Vicioso, el acusado amenazó a la mujer embarazada con correr la misma suerte que su madre si no abordaba la motocicleta.
Tras abandonar la escena, González recorrió varias avenidas de la capital junto a la sobreviviente y la dejó alrededor de las 4:00 de la madrugada en una estación de combustible de Santo Domingo Este.
Teresa Sánchez Jiménez no sobrevivió a las heridas. Su muerte dejó a una familia devastada y abrió un proceso penal que culminó con la condena Endy González dictada por el tribunal colegiado.
Los jueces Juan Pablo Ortiz, Ana Miledys Taveras y Odania Lapaix integraron el tribunal que valoró las pruebas presentadas por las fiscales litigantes Vilma Méndez y Matti Noboa.
El Ministerio Público demostró la responsabilidad penal del acusado por violar disposiciones del Código Penal Dominicano relacionadas con homicidio, tentativa de homicidio, amenazas y violencia contra la mujer.
Los representantes del RELEVIC, Leoncio Nova y Nethalie Amstrong, solicitaron una indemnización de RD$5 millones para los familiares de la víctima mortal. Sin embargo, el tribunal fijó la compensación en RD$1 millón.
La condena Endy González representa un fallo que, no obstante, deja abierta la discusión sobre la magnitud de las reparaciones económicas en casos de violencia letal contra la mujer.
Los abogados de la familia no se pronunciaron de inmediato sobre si recurrirán la cifra de indemnización fijada por los jueces del tribunal de Santo Domingo Oeste.
Además, el caso reaviva el debate sobre la respuesta del sistema judicial dominicano frente a hechos de violencia doméstica que terminan con consecuencias irreversibles para las familias afectadas.
Finalmente, la condena Endy González envía una señal desde los tribunales. ¿Será suficiente para disuadir conductas similares en un país donde la violencia de género sigue siendo una crisis sin resolver?