Diario al Día, República Dominicana – El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, se pronunció sobre la situación de profesionales médicos señalados en relación con presuntas irregularidades administrativas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Peña Núñez destacó la importancia de que cualquier profesional involucrado asuma su responsabilidad social y señaló que el CMD cuenta con normas internas para evaluar conductas que puedan afectar la ética y el compromiso sanitario. Estas normas se aplican especialmente cuando existen señalamientos vinculados a responsabilidades gremiales.

El dirigente aclaró que la justicia actúa de manera independiente y que el CMD no interviene en los procesos judiciales, por lo que es necesario esperar las decisiones oficiales de las autoridades competentes.

Asimismo, explicó que el gremio dispone de mecanismos disciplinarios ajustados a su reglamento para evaluar comportamientos que puedan estar en conflicto con la ética médica y los deberes profesionales en situaciones bajo investigación.

Sobre la posibilidad de retirar el carné profesional, Peña Núñez indicó que no se contempla esta medida debido a consideraciones prácticas del ejercicio médico y a limitaciones naturales cuando un profesional se encuentra bajo custodia judicial. En estos casos, el ejercicio profesional queda temporalmente suspendido hasta que se resuelva la situación judicial.

El presidente del CMD también señaló que retirar el exequátur, que es el permiso para ejercer la profesión, no sería viable, ya que está protegido por derechos constitucionales relacionados con el trabajo legal.

Finalmente, Peña Núñez enfatizó la necesidad de priorizar la protección de la población y denunciar cualquier caso que pueda afectar los servicios de salud. Reiteró que el Colegio Médico Dominicano mantendrá sus mecanismos internos conforme a las normas vigentes, mientras la justicia continúa con la investigación y establece las responsabilidades correspondientes.

El CMD hace un llamado a la transparencia y al cumplimiento de las normativas para fortalecer la confianza en las instituciones de salud y evitar afectaciones en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.