Diario al Día | Santiago, República Dominicana – La liposucción realizada a Angélica Geraldine Hernández, de 32 años, en la clínica “Diosa Los Jardines” del sector Los Jardines Metropolitanos, Santiago, provocó su fallecimiento y desató una polémica mediática sobre la responsabilidad de terceros vinculados al procedimiento.
El Ministerio Público lidera la investigación oficial y ha descartado responsabilidad de personal no médico vinculado al centro de masajes de Karen Peña, quien supervisa el lugar sin realizar procedimientos médicos ni terapias.
La propagación de información incorrecta y la atribución indebida de culpabilidad han generado tensiones con los familiares de la fallecida, mostrando deficiencias en la comunicación entre medios de prensa, instituciones de salud y la población afectada.
El caso también pone en relieve la vulnerabilidad de los propietarios de servicios auxiliares frente a la difamación y subraya la necesidad de distinguir responsabilidades legales en procedimientos médicos.
Karen Peña, propietaria del centro de masajes relacionado con el caso, declaró que no es médica ni participó en el procedimiento estético que sufrió Hernández.
Señaló que la paciente solo acudía a su centro para masajes posteriores y que su nombre ha sido difundido de manera incorrecta en medios de comunicación.
Peña indicó que la Fiscalía ha confirmado que no tiene responsabilidad legal ni participación en la muerte de la joven.
“No hemos ofrecido compensaciones económicas a los familiares y me indigna la manera en que se nos ha señalado públicamente”, aseguró.
La empresaria resaltó la presión de la cobertura mediática y la reacción de la familia de Hernández, quienes la han culpado pese a carecer de formación médica.
Denunció que se difundieron fotos y reportajes sobre su centro de masajes que constituyen difamación y aclaró que su relación con el caso era únicamente administrativa y de propiedad, situación reconocida por la Fiscalía.
Además, Peña expresó preocupación por la seguridad de su hija y nieta debido a la hostilidad de terceros derivada de las acusaciones.
En cuanto al procedimiento legal, Peña explicó que el Ministerio Público realizó entrevistas e investigaciones exhaustivas que confirmaron la inexistencia de responsabilidad penal de su parte.
Señaló que todos los canales legales para recabar evidencia médica se siguieron conforme a la ley.
Advierte que cualquier mención continuada a su nombre en medios carece de fundamento jurídico y que, de persistir la difusión de acusaciones infundadas, se emprenderán acciones legales siguiendo los procedimientos penales establecidos.
Este caso pone de relieve la importancia de un manejo responsable de la información mediática y la necesidad de separar claramente la responsabilidad de los distintos actores involucrados en procedimientos estéticos.
La tragedia de Hernández ha generado un debate sobre cómo la desinformación puede afectar a terceros no involucrados clínicamente, y plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de quienes poseen y administran servicios complementarios dentro del sector de salud estética.
Mientras la investigación continúa, familiares, medios de comunicación y autoridades buscan esclarecer los hechos, con el objetivo de evitar futuras confusiones legales y daños a personas que no participaron directamente en la intervención médica.