Diario Acontecer | Santo Domingo, República Dominicana – El Congreso Nacional consolidó en marzo de este año el nuevo escenario electoral al eliminar las candidaturas independientes, una figura que durante décadas formó parte del marco legal dominicano y que ahora desaparece como vía para competir por cargos de elección popular.
La decisión volvió a captar atención luego de que el Partido Reformista Social Cristiano anunciara que abrirá sus puertas a ciudadanos sin militancia partidaria interesados en participar en las próximas elecciones, siempre bajo la estructura de esa organización política.
El presidente del PRSC, Federico "Quique" Antún Batlle, sostuvo que el creciente nivel de abstención refleja el descontento de parte del electorado con las organizaciones tradicionales. Por ello, propuso recibir aspirantes externos para distintos niveles de elección.
Sin embargo, esa apertura no significa el regreso de las candidaturas independientes. Los interesados deberán competir respaldados por un partido político, ya que la legislación vigente establece que esa es la única vía reconocida para presentar postulaciones.
Durante más de seis décadas, las candidaturas independientes existieron dentro del Régimen Electoral dominicano. No obstante, siempre requerían presentarse mediante una agrupación política, condición que generó cuestionamientos sobre la verdadera independencia de esos aspirantes.
El panorama cambió el 13 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa modalidad al considerar que las exigencias legales hacían prácticamente imposible ejercer el derecho a competir como candidato independiente.
En esa decisión, el alto tribunal exhortó al Congreso Nacional a corregir la normativa y planteó como alternativa que las candidaturas independientes pudieran organizarse mediante entidades cívicas o sociales, en lugar de depender de estructuras partidarias.
Sin embargo, el Poder Legislativo tomó un camino distinto. En lugar de crear un nuevo modelo, aprobó una modificación de la Ley 20-23 que eliminó completamente los artículos que regulaban las candidaturas independientes dentro del sistema electoral.
La iniciativa fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 26 de marzo de 2026. Desde entonces, la Constitución y la Ley 20-23 reconocen únicamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como vehículos para aspirar a cargos electivos.
Eso significa que cualquier ciudadano interesado en buscar una regiduría, una alcaldía, una diputación, una senaduría o incluso la Presidencia de la República deberá hacerlo necesariamente mediante una organización política reconocida.
Antes de la eliminación definitiva, la Junta Central Electoral impulsó un proceso de diálogo con las principales fuerzas políticas para adaptar las candidaturas independientes al criterio fijado por el Tribunal Constitucional.
Las conversaciones iniciaron en enero y concluyeron con una propuesta legislativa presentada por la JCE. El proyecto planteaba reglas específicas para equilibrar la participación de aspirantes independientes con el funcionamiento del sistema electoral.
Entre las condiciones figuraban la prohibición de recibir financiamiento público, un límite de tres postulaciones por organización civil, la imposibilidad de establecer alianzas electorales y la obligación de reunir un porcentaje determinado de firmas de respaldo.
El proyecto encontró respaldo en el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana manifestó su rechazo a esa fórmula durante las discusiones desarrolladas en el Congreso.
Pese a esos debates, la propuesta de la Junta Central Electoral no prosperó. Finalmente, el Congreso acogió una iniciativa presentada por el senador Rogelio Genao, la cual optó por eliminar completamente las candidaturas independientes del ordenamiento jurídico.
La decisión también generó cuestionamientos debido a declaraciones previas de dirigentes legislativos que habían expresado la necesidad de crear una regulación específica para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Entre ellos figuró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien había señalado públicamente que el Congreso debía aprobar una legislación que garantizara una regulación adecuada sin afectar la estabilidad del sistema democrático.
Por su parte, el diputado Elías Wessin, quien estudió la propuesta elaborada por la JCE y presentó una iniciativa similar, respaldó posteriormente la eliminación de esa figura, asegurando que su posición jurídica permanecía sin cambios.
El legislador argumentó que, a su juicio, la existencia de verdaderas candidaturas independientes requeriría previamente una modificación constitucional, razón por la cual consideró correcta la decisión finalmente adoptada por el Congreso Nacional.
Con este cambio, las candidaturas independientes dejaron de formar parte de la legislación dominicana. El debate, sin embargo, continúa abierto entre especialistas y sectores políticos que consideran necesario revisar nuevamente el modelo de participación electoral en el futuro.