Diario al Día | Santiago, República Dominicana — Un agente penitenciario es condenado a diez años de prisión por su participación en un atraco a una mujer.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dicta la sentencia contra Bladimir Rosario Vallejo, agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario adscrito al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

El atraco ocurre en enero de 2025, en el sector Los Jardines Metropolitanos, cuando una mujer es interceptada en el parqueo de un establecimiento comercial.

Según la acusación del Ministerio Público, Rosario Vallejo conducía una motocicleta Super Gato, modelo CG250, mientras acompañaba a Rafael Pérez Vargas, alias Cochito.

El expediente detalla que el agente esperaba en la motocicleta mientras su acompañante forcejeaba con la víctima para arrebatarle la cartera.

Después del forcejeo, ambos hombres emprenden la huida del lugar donde se produjo el atraco contra la mujer.

Durante la fuga, el asaltante realiza disparos para intimidar a la víctima y a otro ciudadano que intentaban perseguirlos y recuperar lo robado.

El hecho queda registrado por cámaras de seguridad, material que posteriormente resulta clave para el desarrollo del proceso judicial.

En el juicio, el Ministerio Público presenta el testimonio de la víctima, declaraciones de testigos y los videos que documentaron el episodio violento.

Con estas pruebas, la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad penal de ambos acusados en la comisión del atraco.

La Fiscalía había solicitado una condena de quince años de prisión contra Rosario Vallejo por su rol en el hecho.

Sin embargo, el tribunal fija la pena definitiva en diez años, por debajo de lo requerido por el Ministerio Público.

Por el contrario, los jueces descargan a Rafael Pérez Vargas, señalado como el ejecutor directo del atraco y de los disparos.

La decisión judicial diferenciada entre ambos procesados genera un contraste notable respecto a los cargos que enfrentaban.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía de Santiago no informan si apelarán la resolución emitida por el tribunal.

El caso pone en evidencia la participación de un funcionario penitenciario en un hecho delictivo ajeno a sus funciones oficiales.

Finalmente, el expediente queda abierto a una eventual revisión, en caso de que el Ministerio Público decida recurrir la sentencia.