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Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Un nuevo reportaje periodístico puso nuevamente bajo atención el caso del pelotero dominicano Oneil Cruz, actual jardinero de los Piratas de Pittsburgh, por un incidente vial ocurrido en septiembre de 2020 en República Dominicana.
La investigación de ProPublica sostiene que representantes vinculados a la familia del jugador gestionaron acuerdos económicos con las familias de Yohan Saba Mercado, Deby Beato Charles y Daniela Pérez García, los tres jóvenes que perdieron la vida en aquel hecho.
Según el reportaje, los acuerdos alcanzaron en conjunto aproximadamente 66,000 dólares y estuvieron acompañados de documentos mediante los cuales los familiares retiraban reclamaciones penales, civiles o judiciales contra Cruz.
El abogado del jugador, Amauris Vásquez Disla, ha señalado que el proceso terminó mediante una decisión legalmente vinculante del tribunal. Cruz no concedió una entrevista a ProPublica para responder directamente a los nuevos señalamientos.
El incidente ocurrió en septiembre de 2020
El caso se remonta a la noche del 21 de septiembre de 2020, cuando Cruz todavía era una de las principales promesas de la organización de Pittsburgh.
De acuerdo con documentos citados en la investigación, Cruz conducía una Jeep Grand Cherokee por la carretera Sánchez cuando se produjo un incidente con una motocicleta en la que viajaban los tres jóvenes.
Yohan Saba Mercado, Deby Beato Charles y Daniela Pérez García, quienes tenían entre 19 y 20 años, perdieron la vida como consecuencia del hecho.
Cruz llamó al sistema de emergencias 911, según sus abogados. Posteriormente indicó a las autoridades que no había visto la motocicleta antes del incidente y sostuvo que esta no tenía luces.
Ese punto ha sido cuestionado. Luis David Saba, hermano de Yohan, dijo a ProPublica que la motocicleta tenía iluminación delantera, aunque reconoció que no funcionaba la luz trasera.
Tras lo ocurrido, el Ministerio Público informó públicamente que Cruz presuntamente había consumido bebidas alcohólicas. Sin embargo, esa afirmación no fue posteriormente presentada de la misma manera ante el tribunal.
De acuerdo con información recopilada por ProPublica, un portavoz de la fiscalía explicó en 2020 que no se realizó una prueba correspondiente debido a un supuesto error de procedimiento.
Familias recibieron pagos y retiraron reclamaciones
La parte central de la nueva investigación se concentra en lo sucedido durante los días posteriores.
ProPublica identificó a Santo Caraballo, empresario relacionado con el béisbol dominicano, como la persona que habría desempeñado un papel importante en las negociaciones con los familiares.
El reportaje sostiene que personas cercanas a Cruz comenzaron a conversar con las familias para ofrecerles ayuda económica y alcanzar acuerdos que incluyeron el retiro de sus reclamaciones.
Documentos examinados por el medio indican que las tres familias terminaron recibiendo aproximadamente 66,000 dólares en total.
En el caso de la familia de Daniela, un documento señala un pago de 900,000 pesos dominicanos, equivalentes entonces a unos 15,000 dólares, relacionado con gastos y daños derivados del incidente.
Sin embargo, algunos familiares entrevistados ahora por ProPublica aseguran que no comprendieron completamente las consecuencias legales de los documentos que firmaron.
Mercedes García, madre de Daniela, afirmó que dejó los trámites en manos de uno de sus hijos y sostuvo que no entendió que estaba aceptando retirar las reclamaciones contra Cruz.
El padre de Daniela, Porfirio Pérez, también declaró al medio que no comprendió completamente el contenido de los documentos.
Estas afirmaciones corresponden a las versiones ofrecidas por los familiares y forman parte de los nuevos señalamientos publicados por ProPublica; no constituyen por sí mismas una determinación judicial contra Cruz.
Otros familiares reconocen que aceptaron acuerdos
La familia de Deby Beato Charles también recibió dinero.
Según el reportaje, su hermano Ruben llegó a un acuerdo por aproximadamente dos millones de pesos, equivalentes entonces a unos 34,000 dólares.
Ruben explicó que terminó aceptando después de considerar que el proceso probablemente no produciría el resultado judicial que esperaba su familia.
Por su parte, los padres de Yohan Saba Mercado recibieron alrededor de 800,000 pesos después de descontar los honorarios de su abogado, según la investigación.
La madre de Yohan, Genny Mercado, explicó que utilizó parte del dinero para construir el techo de su vivienda, un proyecto que su hijo había querido realizar.
La fiscalía todavía podía continuar el proceso
El retiro de las reclamaciones familiares no obligaba automáticamente al Ministerio Público a abandonar el expediente.
Los fiscales todavía tenían facultades para continuar con el proceso. En septiembre de 2020 solicitaron mantener a Cruz bajo custodia preventiva mientras avanzaba la investigación.
El tribunal finalmente dispuso su libertad mediante una garantía económica de dos millones de pesos.
Casi un año después, el 30 de agosto de 2021, Cruz participó de manera virtual en otra audiencia mientras se encontraba en Estados Unidos jugando con Altoona Curve, filial de ligas menores de Pittsburgh.
Según ProPublica, la evidencia presentada por la fiscalía en esa etapa incluía documentos oficiales relacionados con los tres jóvenes y un informe policial con información limitada sobre las circunstancias del incidente.
El juez terminó desestimando el proceso y ordenó devolver la garantía económica.
Cruz llegó posteriormente a Grandes Ligas
Poco más de un mes después de esa decisión, Oneil Cruz debutó en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh.
Durante los entrenamientos de primavera previos a su llegada definitiva a MLB, Cruz reconoció que inicialmente temió que el caso pudiera impedirle continuar su carrera profesional.
El pelotero dijo entonces que, una vez resuelta su situación, recuperó la esperanza de alcanzar las Grandes Ligas.
Actualmente Cruz forma parte habitual del equipo de Pittsburgh y tiene previsto recibir 3.3 millones de dólares durante la temporada de 2026, según la investigación.
El abogado Amauris Vásquez Disla recordó que el tribunal emitió una orden de desestimación y sostuvo que esa decisión representa una resolución legal válida del caso.
Los Piratas de Pittsburgh, por su parte, indicaron a ProPublica que tanto el equipo como Cruz abordaron el asunto hace más de seis años tomando en consideración la información disponible y el resultado del proceso judicial.
Hasta ahora, Cruz no ha ofrecido públicamente una respuesta detallada a las nuevas afirmaciones sobre la participación de Santo Caraballo y las circunstancias en que fueron negociados los acuerdos económicos con las tres familias.