Diario al Día, Estados Unidos – El gobierno estadounidense implementó una nueva regulación que amplía a un año el período que deben esperar los solicitantes de asilo para tramitar un permiso laboral. Esta medida entró en vigor el 24 de abril y modifica los procedimientos para quienes buscan protección humanitaria.

La actualización responde a directrices emitidas durante la administración de Donald Trump, orientadas a reorganizar el sistema migratorio. El expresidente señaló que un número considerable de personas ingresó al país sin admisión formal, lo que generó desafíos en la gestión migratoria.

Aunque no se divulgaron cifras exactas, las autoridades reconocen que programas como CBP One y CHNV facilitaron la llegada de más de un millón de personas con permisos temporales para regularizar su estatus. Esta situación incrementó la carga operativa de las agencias encargadas.

Actualmente, la base de datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) registra alrededor de 1.5 millones de solicitudes de permisos laborales relacionadas con casos afirmativos, mientras que otras 2.4 millones están en tribunales de inmigración. El aumento en los tiempos de espera, que superaron los 180 días, motivó la emisión de autorizaciones provisionales y la creación del nuevo marco regulatorio.

Expertos en derecho migratorio señalan que esta modificación afectará a todos los solicitantes, independientemente de si sus casos están en corte o ante USCIS. José Guerrero, abogado en Miami, indicó que los procedimientos administrativos serán uniformes para todos, lo que implica un impacto generalizado.

Por su parte, Álex Gálvez, desde Los Ángeles, destacó que la percepción de solicitudes indebidas no está respaldada por datos verificables, aunque reconoció que la nueva regla influirá en casos con fundamentos sólidos. Entre los principales cambios se encuentran: un plazo de espera de 365 días para solicitar el permiso laboral, revisión más estricta de formularios, posibilidad de rechazos sin conservar la fecha de presentación, obligatoriedad de datos biométricos y un período evaluativo de hasta 180 días.

La normativa también establece que quienes ingresen sin inspección después de la entrada en vigor quedarán excluidos de la elegibilidad, salvo que manifiesten de inmediato su intención de solicitar protección o sean menores no acompañados.

En cuanto a las renovaciones, los permisos vigentes se mantendrán hasta su vencimiento. Sin embargo, quienes hayan desistido de sus casos o no asistan a entrevistas o citas biométricas perderán la opción de extenderlos. La suspensión para solicitudes iniciales aplica tanto a la vía afirmativa como defensiva.

Jaime Barrón, abogado en Dallas, calificó estos ajustes como de gran alcance, ya que complican la permanencia de quienes buscan resguardo en el país. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que la medida fortalece la seguridad nacional y la integridad del programa de asilo.

El impacto inmediato afecta a quienes inicien trámites desde la fecha de vigencia, enfrentando tiempos más prolongados, revisiones rigurosas y mayores requisitos administrativos, conforme a la normativa oficial vigente.