Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – El Ministerio Público presentó una extensa lista de imputaciones relacionadas con la estructura acusada de desviar recursos en el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

En la solicitud de medida de coerción, el organismo detalla más de veinte prácticas internas, financieras y administrativas que habrían sustentado el esquema señalado.

El expediente describe la creación de una estructura coordinada desde la alta dirección, cuyo propósito habría sido distraer fondos públicos mediante maniobras diseñadas para aparentar un funcionamiento normal dentro de la institución.

Entre las imputaciones se menciona la instalación de mecanismos internos que habrían obstaculizado iniciativas para mejorar controles o transparentar procesos en Senasa.

Además, se señala la creación de “programas especiales” sin sustento técnico, que habrían servido para canalizar pagos elevados desde contratistas privados.

Los trámites internos habrían dado apariencia de legitimidad a operaciones que, según la acusación, justificaban desvíos de fondos.

El expediente también detalla una supuesta adulteración sistemática de estados financieros, con instrucciones para cerrar registros de reclamaciones antes de tiempo y ajustar cifras presentadas como oficiales.

Un punto relevante es el impacto en las reservas técnicas, cuyo déficit superaría los RD$15,900 millones al cierre de 2024, según la acusación.

Otras imputaciones incluyen manipulación del registro de reclamaciones pendientes, subregistro de obligaciones financieras, emisión de facturas ficticias mediante empresas de papel, simulación de servicios para justificar pagos, y retiro de fondos en efectivo tras transferencias por servicios inexistentes.

También se señala interferencia en la entrega de información solicitada por fiscales, reclutamiento de funcionarios para ejecutar instrucciones irregulares, ajustes en bases de datos para sostener cierres contables alterados, y participación coordinada de áreas ejecutivas, financieras, legales y administrativas.

El Ministerio Público menciona el uso de empresas instrumentales para ocultar el origen de bienes y ganancias, así como negociaciones directas para la restitución de códigos a prestadoras con beneficios particulares.

Se destaca además un incremento injustificado en la facturación de algunos servicios de salud, con procedimientos que no correspondían al perfil de los pacientes.

El patrón descrito en el expediente apunta a que cada ajuste interno habría tenido como objetivo ocultar la dimensión real del déficit y mantener la continuidad de la estructura.

Según el Ministerio Público, técnicos internos advirtieron que la manipulación de registros podía generar sanciones regulatorias, pero las operaciones continuaron.

El pasado sábado, Santiago Hazim acudió voluntariamente ante los fiscales y fue detenido. Este lunes se formalizó la solicitud de medida de coerción, en la que se pide un período de 18 meses mientras avanza el proceso judicial.