Diario al Día| La Romana, República Dominicana – El centro de rehabilitación “Rescatando al Caído” enfrenta nuevos cuestionamientos tras el caso de José Francisco Guerrero, de 25 años, quien perdió la vida el viernes 21 de agosto luego de permanecer seis meses ingresado en el establecimiento.
La situación fue denunciada por familiares del joven y presentada en una investigación de la periodista Nuria Piera.
Los señalamientos incluyen interrogantes sobre la atención recibida, los pagos realizados y la documentación relacionada con su permanencia en el lugar.
Familia cuestiona la atención recibida
Según los familiares, durante los meses que Guerrero permaneció en el centro experimentó un deterioro físico y llegó a presentar dificultades para alimentarse con normalidad.
La familia aseguró que pagó RD$70,000 inicialmente y posteriormente RD$20,000 cada mes por su estadía. También afirmó haber enviado dinero destinado a una transfusión.
De acuerdo con la denuncia, los parientes sostienen que dicho procedimiento no se habría realizado y que tampoco recibieron una explicación clara sobre el dinero entregado.
Estos señalamientos corresponden a la versión familiar y requieren comprobación mediante registros médicos y administrativos.
El viernes 21 de agosto, los familiares recibieron una llamada en la que se les comunicó que Guerrero necesitaba ser llevado a un centro de salud. Posteriormente fueron informados de que había perdido la vida alrededor de las 3:00 de la tarde.
Los parientes viajaron hasta La Romana y aseguraron que inicialmente no recibieron el acta correspondiente ni documentación clínica que les permitiera conocer con precisión lo sucedido.
Familia pidió revisar las cámaras
Otro punto planteado en la denuncia está relacionado con el sistema de videovigilancia. Los familiares solicitaron acceso a las grabaciones del establecimiento para obtener más información.
Junior Alexis Guerrero, identificado como director del centro, respondió mediante un mensaje que las cámaras llevaban cerca de tres meses fuera de funcionamiento debido a una modificación prevista en el sistema.
La explicación sobre las cámaras forma parte de los elementos que podrían ser revisados para establecer qué registros estaban disponibles durante el período investigado.
Antecedente en el mismo establecimiento
La investigación periodística recordó el caso de Kelvin Alexander Mateo, de 24 años, quien perdió la vida el 30 de abril mientras se encontraba ingresado en “Rescatando al Caído”.
En aquella ocasión, los responsables del establecimiento atribuyeron lo ocurrido a una acción realizada por el propio joven en un área señalada en el reportaje como espacio de aislamiento.
Familiares de Mateo cuestionaron esa versión y plantearon dudas sobre las condiciones del lugar y los registros de seguridad. Corresponde a las autoridades establecer las circunstancias mediante evidencias y documentación oficial.
El reportaje también presentó el caso de Luis René Contreras Martínez, ocurrido el 10 de julio mientras permanecía en “La Gloria es de Dios”, un establecimiento ubicado en Boca de Yuma y atribuido a Juan Carlos Martínez Guerrero.
Familiares de Contreras Martínez también denunciaron un deterioro de su condición física antes de que fuera llevado a recibir atención médica.
Habilitación y supervisión bajo cuestionamiento
Los casos han ampliado las preguntas sobre las condiciones en las que funcionan establecimientos privados o administrados por organizaciones religiosas que reciben personas con problemas de adicción.
Durante el reportaje, Nuria Piera intentó obtener respuestas de Junior Alexis Guerrero acerca de la habilitación y las condiciones de operación de “Rescatando al Caído”.
El director no respondió esas preguntas en ese momento y señaló que había remitido un comunicado indicando que no podía ofrecer información.
La existencia de pagos por los servicios tampoco constituye, por sí sola, evidencia de una irregularidad. Sin embargo, la denuncia plantea la necesidad de determinar cuáles servicios fueron contratados, cuáles fueron proporcionados y qué documentación existe sobre ellos.
También queda por establecer si los establecimientos señalados cuentan con las autorizaciones correspondientes y qué instituciones tienen responsabilidad sobre su supervisión.
Documentos serán claves para esclarecer los casos
Las versiones presentadas por familiares, administradores y la investigación periodística no sustituyen las conclusiones que puedan establecer las autoridades competentes.
Expedientes clínicos, actas oficiales, comprobantes de pagos, registros internos y cualquier material disponible de los sistemas de seguridad pueden resultar importantes para determinar las circunstancias de cada caso.
Los señalamientos relacionados con José Francisco Guerrero, Kelvin Alexander Mateo y Luis René Contreras Martínez permanecen pendientes de respuestas oficiales que permitan establecer las condiciones en que operaban los establecimientos y si existió algún incumplimiento en la atención ofrecida.