Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — El Estado dominicano tendrá que pagar 2,693.9 millones de pesos por unos terrenos en la avenida José Contreras.
El Tribunal Constitucional confirmó que ya no puede defenderse. Un error de los abogados de Bienes Nacionales dejó firme esa deuda.
¿Qué pasó?
Los terrenos fueron expropiados en 1988. El Gobierno los declaró de utilidad pública para ampliar la avenida y construir viviendas sociales.
En esa zona se levantó el residencial José Contreras. Allí viven cientos de familias desde hace años.
Los sucesores de los antiguos dueños reclamaron en 2018 el pago justo. Un tribunal fijó el valor en 2,693,994,196.50 pesos.
El Estado consideró que era demasiado dinero. Intentó impugnar la decisión con un recurso de casación.
¿Por qué perdió el Estado?
El recurso se extinguió por inactividad procesal. Eso significa que los abogados no hicieron una diligencia obligatoria durante tres años.
La Suprema Corte de Justicia declaró perimido el recurso. Bienes Nacionales intentó justificarse, pero el Tribunal Constitucional rechazó sus argumentos.
El TC dijo que la ley le daba al Estado un mecanismo para continuar. No lo usó.
¿Qué alegaba Bienes Nacionales?
Sostenía que ya se pagó parte del terreno en el año 2000. Según la institución, se consignaron 36 millones de pesos.
Decía que el balance pendiente era menor: 30.5 millones de pesos. Actualizado por inflación sería alrededor de 120 millones.
También cuestionó la tasación. Dijo que incluía obras públicas como calles, aceras y alumbrado.
El tribunal no examinó esas quejas. La perención cerró la puerta antes de discutir si el monto era correcto.
¿Qué significa para las familias?
La sentencia no dice que la tasación sea correcta. Solo confirma que el Estado perdió la oportunidad de rebatirla.
El pago saldrá del dinero público. Eso puede afectar el presupuesto de otras obras o servicios.
Además, más de 500 familias del residencial José Contreras esperan sus títulos de propiedad. Ese proceso se complicó por la disputa.
Un juez confirmó que los terrenos del residencial son del Estado. La titulación puede continuar, aunque el pago sigue pendiente.
¿Hubo desacuerdo?
El magistrado Amaury Reyes Torres votó distinto. Consideró que el caso no debió llegar al Tribunal Constitucional por falta de relevancia.
Aun así, la mayoría confirmó la decisión. El Estado debe pagar los 2,693.9 millones de pesos.
La lección es simple: cuando el Gobierno no actúa a tiempo, un error procesal puede costar miles de millones.