Diario al Día | Duarte, República Dominicana — La justicia dominicana dio un paso importante en el caso relacionado con el artesano Luis Federico García Vázquez, conocido como “Freddy”, al dictar tres meses de prisión preventiva contra Anderson José Francisco Paulino.
La medida fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, tras la extradición del imputado, quien estuvo fuera del país y fuera del alcance de las autoridades durante casi nueve años.
Francisco Paulino es señalado de estar vinculado a la privación de la vida de García Vázquez en un hecho ocurrido años atrás. Su arresto y traslado a la República Dominicana permitieron reactivar el proceso judicial que permanecía pendiente.
Con la imposición de la prisión preventiva, el expediente judicial entra en una nueva fase mientras continúan las investigaciones y el desarrollo formal del caso en los tribunales de Duarte.
Al concluir la audiencia en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, familiares de la víctima expresaron su inconformidad y preocupación. Una representante familiar cuestionó la emisión de documentos de buena conducta a favor del imputado, pese a la existencia de una orden de arresto vigente desde septiembre de 2017.
La madre de Luis Federico García Vázquez manifestó su dolor y calificó al imputado como un “desalmado”. También expresó inquietud por la seguridad de los testigos que participarán en el proceso, señalando que el Ministerio Público no ha brindado la protección que consideran necesaria.
La tensión se extendió a los alrededores del tribunal, donde allegados del imputado y familiares de la víctima protagonizaron discusiones que requirieron la intervención de la Policía Nacional e inspectores judiciales para evitar confrontaciones físicas y restablecer el orden.
Familiares de “Freddy” alertaron a las autoridades sobre la supuesta presencia de personas armadas acompañando a los allegados del imputado, lo que motivó una respuesta rápida de los agentes para garantizar la seguridad en la zona.
Los familiares reiteraron su llamado a la Procuraduría General y a las autoridades competentes para que se garantice la protección de los testigos y que el proceso judicial continúe hasta alcanzar una resolución conforme a la ley.
El caso sigue su curso en los tribunales de Duarte, donde las partes presentarán sus argumentos y pruebas. La atención está puesta en las próximas actuaciones judiciales y en las medidas para preservar la seguridad de todos los involucrados.