Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – Juliani Santos Núñez denunció un intento de feminicidio cometido por su expareja el pasado lunes a las 9:00 de la noche frente a su vivienda en Quinigüita.

Según su testimonio, José Rafael Almonte Martínez, conocido como El Pollito, llegó a su casa sin mediar palabra y le disparó en cinco ocasiones.

La mujer presentó un extenso vendaje médico en el muslo derecho al momento de rendir su declaración, evidencia visible de las heridas recibidas durante el ataque armado.

Santos relató que la violencia no comenzó ese lunes. Almonte Martínez ya había intentado atacar el vehículo de su actual esposa y le había enviado audios amenazando con matar a ambas.

El móvil, según la denunciante, es la homofobia: "Desde que él sabe que yo estoy con ella, me quiere hacer la vida imposible", afirmó sobre su matrimonio con una mujer hace aproximadamente un año.

La pareja tuvo una relación de cinco años y tienen una hija en común. Santos indicó que no había presentado denuncias previas por miedo, hasta que ocurrió el primer intento de agresión.

Sin embargo, lo que agrava este intento de feminicidio no es solo la violencia del agresor, sino la presunta conducta de las autoridades que debían protegerla.

Desde la sede fiscal donde declaró, Santos aseguró que funcionarios intentaron presionarla para que afirmara que el ataque ocurrió en un punto de venta de drogas y no en su hogar.

Identificó directamente al oficial Rodríguez como el agente que ejerció presión psicológica sobre ella: "Me dice que me van a meter tres meses de cárcel hasta que se averigüe", según su relato.

La denunciante indicó que los impactos de bala aún son visibles en la puerta de su vivienda, y exigió que las autoridades acudieran al lugar para verificar la escena del hecho.

Además, Santos denunció la detención arbitraria de un joven que cuidaba a su hijo durante el tiroteo. Según ella, ese joven fue detenido y golpeado para obligarle a declarar en falso.

"Lo tienen ahí hinchado, dándole golpes, y él no estaba haciendo nada", afirmó, describiendo una situación que califica como tortura dentro de una dependencia policial.

El presunto agresor, a quien acusa de haber vendido drogas, permanecía prófugo al momento en que Santos ofreció su testimonio ante la cámara de un periodista ciudadano.

Este intento de feminicidio expone, además, una trama institucional compleja donde la víctima enfrenta tanto la violencia del agresor como la del sistema que debería ampararla.

Por eso, Santos hizo un llamado directo a las autoridades superiores para que intervengan: "Que dejen de coger dinero, porque ellos le cogen dinero a la gente para no hacer nada".

El caso pone en evidencia una intersección crítica entre violencia de género, homofobia y presunta corrupción policial en el sistema de justicia dominicano.

Finalmente, queda abierta la pregunta sobre qué mecanismos institucionales existen para proteger a víctimas de un intento de feminicidio cuando las mismas autoridades forman parte del problema.