Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – El periodista Ramón Tolentino expresó su preocupación por la liberación de Yorky Antonio Pérez Rodríguez, vinculado a un proceso judicial por la muerte de Felipe Algenis Linares y quien estuvo prófugo desde 2024.

Según informó Tolentino en el programa Esto No es Radio Show, Pérez Rodríguez fue capturado el 3 de mayo de 2026 en el sector Los Ríos. Durante el operativo, intentó ocultar su identidad con una cédula falsa, pero fue identificado mediante un sistema de reconocimiento facial que confirmó la existencia de una orden de arresto por homicidio.

El detenido enfrentaba dos procesos judiciales: uno por porte ilegal de arma de fuego detectado en flagrancia y otro por el caso de la muerte de Linares, ocurrida en diciembre de 2024. La fiscal Samantha Maldonado decidió priorizar el proceso por porte ilegal de arma, dejando pendiente el expediente por homicidio.

Tras pagar una garantía económica de 200,000 pesos, Pérez Rodríguez obtuvo libertad condicional el 12 de mayo, un día antes de la audiencia para conocer la medida de coerción relacionada con el homicidio. Esta situación generó inquietud entre los familiares de la víctima, quienes acudieron al tribunal el 13 de mayo y encontraron que el acusado ya no estaba bajo custodia.

Ramón Tolentino calificó la situación como una falla del sistema judicial y cuestionó la efectividad de las medidas para evitar la liberación del imputado. El abogado José Martínez Brito también señaló una posible falta de coordinación institucional y destacó que el Ministerio Público debe garantizar el cumplimiento de las medidas de privación de libertad.

Durante el programa, se discutió si la liberación fue resultado de una deficiencia administrativa o si hubo otros factores involucrados, y se solicitó una revisión exhaustiva del caso. Tolentino hizo un llamado público a Pérez Rodríguez para que se entregue voluntariamente a las autoridades.

Los familiares de Felipe Algenis Linares continúan exigiendo que el proceso judicial avance y que se esclarezcan las circunstancias que permitieron la liberación del acusado. El caso ha generado un debate sobre la capacidad del sistema judicial para controlar y evitar que personas con órdenes pendientes evadan la justicia.