En República Dominicana, los juegos de azar —como las bancas de lotería, apuestas deportivas y tragamonedas— mueven cifras millonarias a diario. Sin embargo, la regulación del sector ha quedado dispersa en múltiples normativas, algunas ya desactualizadas. La falta de una ley integral ha permitido que miles de puntos de venta operen sin una supervisión adecuada, sin interconectarse con Hacienda ni reportar sus ingresos.
Esta situación ha generado preocupaciones por la falta de transparencia, los bajos niveles de recaudación fiscal y la posibilidad de que algunas operaciones sirvan para manejar recursos de origen no verificado.
¿Qué propone el nuevo proyecto de ley?
Ante este escenario, el gobierno dominicano ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reorganizar todo el ecosistema de juegos de azar. Entre sus objetivos principales están:
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Aumentar la fiscalización del sector
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Establecer reglas claras para las loterías electrónicas y físicas
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Fortalecer el combate al lavado de activos
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Promover el juego responsable
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Generar más ingresos para el Estado
La pieza legislativa ya fue enviada a una comisión del Senado, pero especialistas como el abogado Luis Enrique Iglesias Trinidad consideran que, aunque bien intencionada, la propuesta tiene fallos importantes.
Falencias conceptuales y reclamos del sector
Uno de los principales problemas del proyecto, según Iglesias, es la confusión en las definiciones clave. Por ejemplo, el término “casa de apuestas” se usa sin una explicación clara y se intercambia con expresiones como “punto de venta” o “agencia”, lo cual complica la aplicación de la norma.
Además, el proyecto no hace una distinción precisa entre loterías privadas (como Leidsa, Loteka, La Suerte) y la Lotería Nacional. Esto ha generado un conflicto entre los operadores de bancas tradicionales y los concesionarios de loterías electrónicas. Mientras los primeros solo pueden revender productos oficiales, los segundos tienen autorización para realizar sus propios sorteos.
Iglesias sugiere una solución práctica: otorgar una concesión adicional que agrupe a todos los operadores tradicionales bajo una misma figura jurídica. Esto facilitaría la supervisión, evitaría la competencia desleal y mejoraría la recaudación estatal.
La clave: interconexión y transparencia en tiempo real
Uno de los aspectos más valorados del proyecto de ley es la exigencia de conectar todos los sistemas de venta al Ministerio de Hacienda. Esto permitiría monitorear en tiempo real cuántas apuestas se realizan, cuánto se recauda y si se están cumpliendo las obligaciones fiscales.
Según Iglesias, este punto es crucial para reducir la opacidad financiera. “Cuando tú estás obligado a reportar lo que vendes, se reduce notablemente la posibilidad de que los fondos se desvíen sin control”, expresó.
¿Qué pasa con las tragamonedas y las loterías extranjeras?
Las máquinas tragamonedas, que deberían estar solo en casinos y centros autorizados, han proliferado en colmados y negocios pequeños. Iglesias advierte que muchas operan sin cumplir los requisitos mínimos: no están en locales cerrados, permiten el acceso a menores de edad y no aportan al fisco.
Además, se están comercializando sorteos extranjeros (como los de Nueva York o Florida) sin autorización oficial. Esto ocurre porque algunas bancas locales no tienen productos propios para ofrecer y recurren a opciones del exterior para atraer clientes.
El especialista propone que, al otorgarles concesiones formales, estas bancas podrán ofrecer sorteos propios y así se eliminará la necesidad de recurrir a loterías internacionales no autorizadas.
Regular para formalizar y recaudar más
Otro de los grandes beneficios de una ley bien estructurada sería la formalización laboral del sector. Hoy día, miles de cajeras y empleados de bancas operan sin seguridad social, sin contratos y sin condiciones mínimas.
El proyecto actual plantea sancionar a quienes no cumplan con las normativas laborales, lo cual ayudaría a dignificar el trabajo en este ámbito. Esto también desincentivaría la instalación de casetillas informales que actualmente no generan aportes significativos al Estado.
Asimismo, Iglesias plantea que las licencias deben concederse según el tipo de juego que se ofrezca (virtuales, deportivos, loterías) y no por establecimiento físico. Así se evitaría que un mismo punto venda múltiples juegos sin cumplir con los tributos correspondientes.
Una oportunidad para ordenar y modernizar
La discusión sobre la regulación de los juegos de azar en República Dominicana representa una oportunidad única para establecer un marco normativo moderno, claro y justo. Si se logra definir correctamente los conceptos, establecer mecanismos efectivos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las normas laborales, el país podría beneficiarse de un sector más ordenado, transparente y rentable.
No se trata solo de recaudar más impuestos. También se busca proteger a los jugadores, reducir la informalidad y evitar que actividades de entretenimiento sirvan como canales para operaciones poco claras. Si se toman en cuenta las recomendaciones técnicas y se prioriza el interés público, esta ley podría marcar un antes y un después en el panorama de los juegos de azar en el país.