La comunidad dominicana en Puerto Rico enfrenta momentos de incertidumbre tras conocerse que el gobierno local entregó una lista con los datos personales de alrededor de 6,000 migrantes que habían recibido licencias de conducir bajo un estatus migratorio no definido.
La medida ha provocado un profundo malestar entre quienes confiaron en ese documento para circular de manera regular, acceder a servicios básicos y llevar una vida cotidiana con más seguridad. Lo más preocupante es que, según denuncias públicas, esta lista fue compartida con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sin que mediara una orden judicial.
La reacción de Alejandro García Padilla
El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (2013–2017), quien fue responsable de implementar esta política de licencias para personas sin estatus migratorio, expresó su rechazo con palabras contundentes. En una entrevista televisiva, criticó duramente la decisión del actual gobierno y calificó la entrega de la lista como una traición a quienes buscaban integrarse a la sociedad de forma responsable.
“Estamos hablando de personas que simplemente querían manejar de forma legal y contribuir al país”, señaló García Padilla. Según el exmandatario, la lista debía mantenerse confidencial conforme a la legislación aprobada durante su mandato. Agregó que la información solo podía ser divulgada bajo una orden judicial, algo que no ocurrió en este caso.
¿Qué ocurrió con las licencias y por qué ahora?
En enero, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, había declarado que no habría un aumento en las medidas migratorias dentro de la isla. Sin embargo, esa misma semana su administración compartió la base de datos de licencias especiales con autoridades federales.
De acuerdo con García Padilla, la justificación fue la posibilidad de perder aproximadamente 180 millones de dólares en fondos federales. No obstante, aclaró que esta cifra no se sostiene, ya que el Departamento de Transportación y Obras Públicas —entidad que emitió las licencias— no recibe fondos federales. En su lugar, otra entidad, la Autoridad de Carreteras, sí recibe subvenciones, pero no era la que tenía relación con el programa de licencias.
El impacto en la comunidad dominicana
La entrega de estos datos ha generado un clima de temor generalizado entre los dominicanos residentes en Puerto Rico, especialmente entre aquellos que no cuentan con un estatus migratorio formal.
Muchos temen que sus datos puedan ser utilizados para procesos de repatriación. Esto ha afectado su rutina diaria: algunos han dejado de llevar a sus hijos a la escuela, evitan acudir a hospitales o incluso ir al trabajo por miedo a ser interceptados.
Los efectos también se han sentido en el ámbito económico. Negocios ubicados en barrios con alta presencia dominicana, como Barrio Obrero, han reportado una caída en las ventas, y muchas construcciones han quedado paralizadas por la falta de mano de obra. Como resultado, también ha disminuido el flujo de remesas hacia República Dominicana, afectando a cientos de familias que dependen de ese ingreso.
¿Cuál era el objetivo de la ley?
Cuando García Padilla firmó la legislación que permitía la emisión de licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular, su intención era integrarlos de forma más humana al tejido social.
Estas licencias no solo facilitaban la movilidad, también permitían abrir cuentas bancarias, acceder a servicios de salud y matricular a los hijos en la escuela. Además, contribuían a la seguridad vial: al contar con una licencia válida, el conductor podía tener un seguro activo. Esto beneficiaba también a otros conductores, ya que en caso de un percance en el tránsito, el seguro del responsable sí aplicaba.
“Fue una medida de humanidad y de sentido común”, afirmó el exgobernador. También explicó que durante su gestión firmó órdenes ejecutivas para que ni la policía ni el sistema educativo ni los hospitales públicos solicitaran información migratoria, con el objetivo de proteger la dignidad de las personas.
¿Cómo afectará esta decisión en el futuro?
Expertos y defensores de los derechos de los migrantes han advertido que este precedente podría afectar la confianza de otras comunidades en programas similares. Si las personas sienten que sus datos no estarán seguros, evitarán acogerse a iniciativas que buscan precisamente darles mayor formalidad y protección.
El exgobernador también mencionó que, aunque muchos de los titulares de esas licencias evitaron colocar sus direcciones verdaderas por precaución, la incertidumbre y la ansiedad continúan presentes en sus vidas.
Conclusión: una oportunidad para reflexionar
La situación actual invita a reflexionar sobre cómo se gestiona la política migratoria en territorios con alta diversidad. La comunidad dominicana en Puerto Rico representa una fuerza vital en múltiples sectores económicos, y su bienestar tiene un impacto directo en la estabilidad social y económica de la isla.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio, y garantizar que la información personal se maneje con responsabilidad. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios continúan haciendo un llamado a la prudencia y al respeto por la dignidad humana.